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La paradoja Verde: Vicente Pico, el regidor que busca la alcaldía de El Fuerte mientras privatiza y explota más de 300 hectáreas del río
- Ramiro Cazarez
- hace 1 día
- 3 min de lectura
El murmullo del Río Fuerte se corta de tajo entre las comunidades de Mochicahui y Las Palmas. No lo detiene la naturaleza, sino una cerca de alambre de púas que se extiende por un aproximado de 300 hectáreas lineales a ambos lados del cauce
Detrás de este cercado no hay un área natural protegida; hay un terrateniente con fuero. Se trata de Vicente Pico, actual regidor del Ayuntamiento de El Fuerte, quien ha convertido un bien de la nación en su rancho privado, bajo la sombra del miedo y la complacencia institucional.
Para los habitantes de la zona, el río dejó de ser un espacio comunitario. Quienes se atreven a acercarse a la orilla buscando mitigar el calor o pescar, se topan con el brillo de armas de fuego. Testimonios locales, resguardados bajo el anonimato por razones de seguridad, confirman que la franja está permanentemente vigilada por civiles armados.
Aquí, la ley federal es letra muerta.
El desprecio a la Ley de Aguas Nacionales
El acaparamiento que ejerce el funcionario público viola flagrantemente la legislación mexicana. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales:
Artículo 113: Establece con claridad que los cauces de las corrientes (ríos, arroyos), los lechos y las zonas federales son bienes de dominio público de la Federación.
Artículo 114: Dictamina que incluso si el curso de un río cambia por causas naturales o inunda terrenos privados, ese nuevo cauce y su zona federal pasan automáticamente a ser propiedad de la Nación.
En Sinaloa, al igual que en el resto del país, la zona federal que bordea los ríos mide 10 metros de ancho, contados a partir del Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Es un espacio que pertenece a todos los mexicanos. Sin embargo, en este tramo de El Fuerte, nadie puede cruzar, nadie puede pasar.
Más de dos décadas de explotación e impacto ecológico
Durante más de 20 años, Vicente Pico no solo ha cerrado el paso, sino que ha usufructuado el territorio de manera ilegal. La extracción desmedida de material pétreo —arena y grava vitales para la industria de la construcción— le ha generado jugosos beneficios económicos a costa del ecosistema fluvial.
El costo ambiental ya es visible: la explotación del lecho acelera la erosión del suelo, abate los niveles de los mantos acuíferos subterráneos y eleva exponencialmente el riesgo de inundaciones para las comunidades ribereñas.
Mientras el negocio privado prospera, la devastación ecológica avanza ante una pregunta que exige respuesta inmediata: ¿Dónde han estado la SEMARNAT y la CONAGUA durante las últimas dos décadas? La alarmante omisión de las dependencias federales raya en la complicidad.
Asfixiada y el Silencio de las Balas
El impacto social es demoledor. Los pequeños ganaderos y rancheros de la región recuerdan los tiempos en que metían a sus animales a pastorear y tomar agua en esta franja libre. Hoy, el ganado que se acerca a los límites del cercado muere de hambre y de sed, imposibilitado para alcanzar el vital líquido.
El silencio de los afectados no es apatía, es terror. En la memoria colectiva del municipio pesa el antecedente de un poblador que, hace unos años, se atrevió a denunciar formalmente el despojo; días después, fue asesinado por personas desconocidas. Desde entonces, el miedo amordazó las denuncias.
El agua como botín político
El acceso al río ha sido utilizado incluso como moneda de cambio electoral. En el año 2021, cuando Vicente Pico contendía por la alcaldía bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habitantes de Mochicahui le reclamaron cara a cara el secuestro del río en un acto público. Presionado por los votos, el candidato abrió un tramo de la franja para el esparcimiento familiar. Sin embargo, la simulación duró poco: en cuanto perdió la contienda, las cercas volvieron a levantarse y el cerrojo se cerró de nuevo.
A pesar de mantener este feudo ilegal, de ahogar la economía local y de privar a las familias de un espacio que bien podría detonar proyectos de turismo comunitario, las aspiraciones del hoy regidor no se detienen. Pico ya prepara el terreno para buscar nuevamente la alcaldía de El Fuerte por el Partido Verde de cara al proceso electoral de 2027.
La paradoja es grotesca: un servidor público que aspira a gobernar un municipio mientras le roba a sus habitantes su recurso más sagrado, el río.
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