Entre factureras y adeudos: la crisis obrera que desnudó el discurso de Tereso Medina
El discurso oficial sobre la justicia laboral y el bienestar obrero volvió a chocar con la cruda realidad en el norte de Sinaloa.
En un escenario donde las cúpulas sindicales presumen unidad y defensa de los derechos de los trabajadores en redes sociales, la realidad del terreno muestra un saldo acumulado de omisión y agravios que hoy amenaza con escalar a los tribunales penales.
Todo desató un cruce en la plataforma Facebook, luego de que el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, publicara un mensaje institucional asegurando que "la unidad sindical debe traducirse en empleo formal, mejores salarios y bienestar para nuestras familias".
Lejos de recibir aplausos, la publicación desató una dura respuesta del empresario fiscalista Luis Puente Pérez, quien intervino en representación de 170 trabajadores y viudas del histórico Ingenio Mochis.
En su réplica, Puente Pérez encaró directamente al dirigente nacional para recordarle una promesa incumplida que arrastra tres meses de estancamiento, ligada a un conflicto de proporciones mayores: 11 años de adeudos e incumplimientos en las liquidaciones de los obreros.
Según expuso el fiscalista, el problema tiene nombres y rostros específicos, señalando a Lorenzo Pale —integrante del comité nacional cetemista y líder del sindicato nacional azucarero— como responsable de retener pagos a valores actualizados, pese a contar con bienes embargados que legalmente pertenecen a los trabajadores.
La crítica subió de tono al señalar presuntas irregularidades graves que van más allá del simple retraso salarial.
El pronunciamiento advierte sobre la venta de patrimonios colectivos, una supuesta malversación de fondos e indicios de operaciones con empresas factureras.
Tras una década apostando por la vía de la conciliación y confiando en promesas personales del propio Tereso Medina —que quedaron únicamente en los medios digitales—, los afectados decidieron cambiar de estrategia.
Ante el portazo institucional, el equipo legal prepara denuncias penales por administración fraudulenta y exige una investigación a fondo sobre el manejo de los bienes que debieron entregarse a las familias hace más de una década.
El llamado público deja en evidencia una fractura profunda: mientras la dirigencia nacional presume bienestar en las redes sociales, en Los Mochis la base obrera exige cuentas claras y justicia que ya no está dispuesta a negociar con palabras.
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