Perdió la movilidad de su brazo en la Marina por un castigo: denuncian negligencia y abandono

Originaria de San Blas, El Fuerte, Caroline Ortiz ingresó a las Fuerzas Armadas en 2023 con el sueño de servir a México; hoy enfrenta las secuelas de un severo daño cervical, el retiro de su atención médica y un fallo judicial en contra.

Los Mochis, Sinaloa. Lo que comenzó como la meta de construir una carrera al servicio del país dentro de la Secretaría de Marina (SEMAR) se convirtió en una pesadilla de lesiones permanentes, irregularidades médicas y desamparo institucional para Caroline Ortiz, joven originaria de la comunidad de San Blas, en el municipio de El Fuerte.
Su familia rompió el silencio para exigir justicia y apelar ante las autoridades federales, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la institución naval le retirara la atención médica y la diera de baja, dejándola con una pérdida total de la movilidad en su brazo derecho y un diagnóstico irreversible en la columna cervical.
El castigo que detonó la tragedia en Guaymas
De acuerdo con el testimonio de su hermana, Miriam Ortiz, Caroline causó alta oficialmente en el Hospital Naval de Topolobampo el 1 de abril de 2023. Pocos días después, fue trasladada al centro de adiestramiento de Guaymas, Sonora, para llevar a cabo su formación inicial.
Fue el 17 de abril de ese mismo año cuando, durante las prácticas de adiestramiento, la joven fue sometida a una maniobra disciplinaria conocida como "el mortero". La posición consistía en apoyar todo el peso corporal sobre la cabeza directamente contra la gravilla, con las piernas abiertas y las manos sujetas hacia la espalda.
“En esa posición escuchó un chasquido. Perdió el conocimiento y comenzó a sangrar por la nariz. Desde ese momento perdió la sensibilidad de todo el costado derecho y su brazo quedó completamente entumido”, relató Miriam.

Tras tres meses de permanencia en Sonora sin mejoría, y al no poder continuar con el entrenamiento físico, Caroline fue enviada de regreso a Topolobampo para iniciar sesiones de rehabilitación.
Negligencia, chats de encubrimiento y un diagnóstico "heredado"
El calvario de la exrecluta no terminó con el incidente inicial. Ya en Sinaloa, durante las terapias de rehabilitación física, la familia detectó que los ejercicios aplicados por el personal de la institución empeoraban su estado. Valoraciones traumatológicas posteriores confirmaron que las maniobras forzadas agravaron la lesión en la zona del cuello.
Como parte de las evidencias que la familia mantiene integradas en el caso, existen mensajes de texto vía WhatsApp donde la propia rehabilitadora a cargo le solicitó a la joven que no la señalara como responsable ante sus superiores para evitar sanciones internas.
A la cadena de anomalías se sumó un error en el expediente clínico emitido en el área de urgencias de Topolobampo. Al momento de darle el alta médica, un médico naval omitió borrar el historial de un paciente previo y le asignó a Caroline un diagnóstico de "esclerosis múltiple degenerativa con 8 años de evolución".
A pesar de que las autoridades del hospital admitieron verbalmente que se trató de un "error de dedo", dicho documento fue utilizado posteriormente por la institución para argumentar un supuesto falso testimonio de la joven al momento de su ingreso, señalando que ya padecía una afección previa.
"Pérdida total" y el retiro de la atención médica

A lo largo de casi tres años de vueltas entre hospitales navales de Sinaloa y la Ciudad de México, las resonancias magnéticas determinaron un daño severo e irreversible en las vértebras cervicales (de la C3 a la C7), lo que interrumpió la señal nerviosa hacia el extremidad superior derecha. En febrero de 2026, traumatólogos militares confirmaron a la familia que la pérdida de movilidad del brazo era definitiva.
Sin embargo, el 15 de julio de 2026, la familia fue notificada en el centro médico de Topolobampo de que, por instrucciones centrales, la atención médica para Caroline quedaba suspendida de forma definitiva tras su baja de la corporación, dejándola sin acceso a medicación, terapias ni acompañamiento psicológico.
Exigen revisión de amparo y el respaldo del Poder Judicial
Ante la cancelación de los servicios de salud, la familia promovió un juicio de amparo indirecto. No obstante, el Juzgado Sexto de Distrito emitió un fallo favorable a la Secretaría de Marina, rechazando la protección de la justicia federal para la afectada.
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, donde la familia solicita a los magistrados analicen a fondo las pruebas documentales, las periciales médicas y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
“Nosotros como familia nos estamos haciendo cargo de costear sus terapias particulares y su atención psicológica. Mi hermana perdió su brazo en actos de servicio, dentro de una institución del Estado. Exigimos que la Marina responda, que los magistrados vean su condición actual y que este caso llegue a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum. No es justo que quienes la dañaron sigan activos mientras ella se quedó sin su sueño y sin salud”, concluyó Miriam Ortiz.






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