La doble cara de la obra militar: denuncian abuso laboral y simulación de la Sedena en construcción del IMSS en Sinaloa


Culiacán, Sinaloa. — Lo que debía ser una de las obras insignia de infraestructura médica en el noroeste del país —el nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), edificado por ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— se encuentra hoy en el centro de una grave denuncia por abuso laboral, opacidad y represalias contra quienes levantan sus muros.
El conflicto estalló tras el accidente registrado durante la noche del 9 de noviembre, cuando colapsó la cimbra y una estructura metálica del segundo nivel mientras se realizaban maniobras de colado, provocando que un trabajador cayera desde una gran altura.
Mientras los reportes oficiales y los cuerpos de emergencia informaron inicialmente su traslado médico, entre la plantilla laboral cundió la alarma y la incertidumbre sobre la gravedad real y el estado de salud de su compañero.
Lejos de abrir canales de diálogo o reforzar protocolos ante la exigencia de garantías de seguridad por parte de la cuadrilla, la respuesta del mando militar fue el despido masivo ejecutado el sábado 14 de noviembre.
De acuerdo con testimonios recogidos en videograbaciones difundidas por los propios afectados, 95 peones fueron expulsados de la obra sin recibir el pago de su finiquito ni las prestaciones correspondientes por ley.

La medida ha dejado en estado de total indefensión a decenas de familias.
La mayoría de los obreros despedidos fueron reclutados en entidades del sur de México y hoy permanecen varados en la capital sinaloense, sin empleo, sin liquidación y sin recursos siquiera para costear el boleto de autobús de regreso a sus lugares de origen.
Documentación interna y oficios a los que han tenido acceso los denunciantes revelan que los formatos de "renuncia voluntaria" utilizados para formalizar las bajas están dirigidos directamente a un teniente coronel de la Sedena con título de ingeniero constructor, responsable de la edificación.
Según acusan los trabajadores en sus denuncias, quienes se encargaron de manipular las hojas de renuncia, obligarlos a firmar y bloquear el pago de sus liquidaciones son dos integrantes de la propia Sedena identificados como Maite Gladiz Ricardez Morales y otro elemento conocido como Eliot.
Los afectados señalan además que el actuar de estas dos personas no se limitó a la represalia del sábado tras la protesta, sino que ambos incurren de manera recurrente en abusos contra el personal, reteniéndoles sus pagos y ejecutando despidos injustificados.
Para los obreros, la imposición de estas dimisiones prefabricadas constituye una maniobra para deslindar a la institución castrense de sus obligaciones patronales y encubrir un despido masivo.
Este episodio vuelve a poner bajo escrutinio el modelo de militarización de la obra pública impulsado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador: proyectos ejecutados bajo mando castrense donde la opacidad y las presiones administrativas se imponen sobre los derechos laborales básicos, dejando a los trabajadores de la construcción sin margen para exigir condiciones dignas sin enfrentar el castigo del desamparo.


.png)



Comentarios