Quiénes fueron los cómplices del Gobierno en el imperio de Miguel Ángel Félix Gallardo

El cofundador del Cártel de Guadalajara aprovechó su pasado en las corporaciones policiales y sus nexos con la cúpula de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) para operar con credenciales oficiales y total impunidad en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Ciudad de México. — El ascenso meteórico de Miguel Ángel Félix Gallardo durante la década de los ochenta no puede explicarse únicamente por su visión empresarial para articular las rutas de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Detrás de la consolidación del Cártel de Guadalajara existió un sofisticado engranaje de complicidades institucionales que permitió a «El Jefe de Jefes» y a sus socios operar bajo el manto protector del propio Estado mexicano.
Con un pasado como agente de la antigua Policía Judicial Federal y exescolta gubernamental en Sinaloa, Félix Gallardo comprendió desde el inicio que el éxito del negocio exigía neutralizar cualquier obstáculo policial antes de que ocurriera.
«El narco con charola»: La alianza con la Dirección Federal de Seguridad
Para garantizar que los cargamentos de estupefacientes cruzaran el territorio nacional sin contratiempos, la organización criminal necesitaba blindaje ante las fuerzas del orden. Tal como expuso el especialista Carlos Seoane en su análisis «El narco con charola», publicado en El Universal, más allá del dinero, la clave radicaba en asegurar qué sucedería si alguno de sus operadores era interceptado en un retén.
La pieza central de esa protección gubernamental recayó en la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) —la poderosa policía política de la época— y en su entonces titular, José Antonio Zorrilla Pérez.
Un informe oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó cómo, apenas un año después de concluir el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, quedó al descubierto la red de encubrimiento que Zorrilla habría tejido para facilitar las operaciones de trasiego a los aliados de Félix Gallardo.
Credenciales oficiales y el expediente Manuel Buendía
La magnitud de esta simbiosis entre el crimen organizado y la élite de inteligencia salió a la luz pública tras las investigaciones por el asesinato del reconocido periodista Manuel Buendía, ejecutado el 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México.
Al avanzar el expediente judicial —que derivó en la detención de José Antonio Zorrilla en 1989 como presunto autor intelectual del homicidio—, las autoridades revelaron un dato contundente: el exdirector de la DFS había expedido y entregado credenciales oficiales certificadas de la corporación tanto a Rafael Caro Quintero, socio fundador del Cártel de Guadalajara, como a su círculo de escoltas.
Según el análisis de Seoane, portar una identificación federal auténtica representaba un activo estratégico invaluable que ningún capo habría podido obtener sin la anuencia de los más altos mandos: mientras un soborno dependía de la negociación en el momento, una «charola» oficial otorgaba autoridad inmediata para que cualquier agente local o federal les permitiera el libre tránsito.
El fin de la DFS y la caída de «El Jefe de Jefes»
El desgaste institucional derivado de los escándalos de corrupción y las presiones internacionales tras el caso del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena forzaron una reestructuración profunda en los aparatos de inteligencia del país:
29 de noviembre de 1985: El Gobierno federal decretó formalmente la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad.
Febrero de 1989: Ya bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, se creó el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), cuya primera dirección fue encomendada al general Jorge Carrillo Olea.
Apenas dos meses después de esa transición institucional, en abril de 1989, las fuerzas federales concretaron finalmente la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara, poniendo fin a su era de intocabilidad en las calles, aunque —como coinciden historiadores y especialistas en seguridad— el capo logró mantener el control de las negociaciones y el reparto de plazas incluso desde el interior de la prisión.


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