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El Cártel de las Invasiones: El negocio multimillonario con la necesidad de vivienda en Ahome

  • Foto del escritor: Ramiro Cazarez
    Ramiro Cazarez
  • hace 2 horas
  • 3 min de lectura

​LOS MOCHIS, SIN. — Lo que comenzó bajo el discurso de la lucha social y la ayuda a familias desprotegidas se ha consolidado en el municipio de Ahome como un esquema opaco de acaparamiento, despojo y especulación inmobiliaria.


En el centro de esta red operan personajes siniestros que, lejos de resolver la precariedad habitacional, han transformado la ocupación ilegal de predios particulares y municipales en un jugoso negocio a corto y mediano plazo.


​Investigaciones de este medio revelan la convergencia entre el llamado Cártel de las Invasiones y redes de interés inmobiliario local.


A través de este entramado, terrenos destinados al equipamiento urbano o a familias vulnerables terminan privatizados y comercializados al mejor postor.


​El caso Marcelo Loya: 700 metros cuadrados al margen de la ley

​Un punto clave de esta maniobra se localiza en el sector Marcelo Loya, sobre el bulevar Chihuahuita, entre las calles Ceiba y Pirules. En un entorno dominado por viviendas improvisadas de madera y cartón, destaca una construcción reciente en proceso que abarca siete lotes —100.32 metros cuadrados cada uno, sumando una superficie total de 702.25 m²—.


​De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar y fuentes consultadas, la venta de esta fracción de terreno municipal habría sido negociada por César del Pardo Escalante a favor de un empresario local. El predio en mención es además promovido por Selene Soto, señalada como aliada directa de Del Pardo en la movilización y control de asentamientos irregulares.


​Consultadas al respecto, autoridades municipales confirmaron que la edificación carece de licencias de construcción y de uso de suelo, precisando que resulta legalmente imposible emitir permisos sobre un predio que forma parte del patrimonio público invadido.


​Sin embargo, la impunidad desafía a las instituciones: tras la colocación de sellos de clausura por parte de la Dirección de Inspección y Normatividad, la obra fue reanudada de forma arbitraria tras la ruptura de los sellos.


​La acción inspectora provocó una reacción inmediata por parte de Del Pardo Escalante, quien se presentó en el Palacio Municipal para exigir la destitución de los funcionarios que ejecutaron el ordenamiento legal.


Acaparamiento institucionalizado

​Vecinos de la zona detallaron la evolución histórica del despojo en la Marcelo Loya, un predio compuesto originalmente por 40 lotes:

  • ​33 lotes fueron acaparados por la red de Del Pardo durante la administración municipal de Manuel Guillermo Chapman.

  • ​7 lotes restantes fueron solicitados en la gestión de Gerardo Vargas por el entonces secretario de Obras Públicas, Jaime Romero, bajo el argumento de mantenerlos como reserva para asignarlos a solicitantes de un grupo distinto.


​Este patrón demuestra que cuando la necesidad de las familias choca con los intereses económicos del denominado "Cártel Inmobiliario Mochiteco", los mismos supuestos defensores terminan desplazando a los poseedores originales para dar paso a la comercialización informal.


​Un modelo de despojo replicado en el municipio

​El caso de la Marcelo Loya no es aislado. La misma operatividad se ha documentado en otros sectores estratégicos de Los Mochis:

  • ​Las Canteras: Acaparamiento sistemático de áreas de equipamiento municipal.

  • ​Urbi Villa del Rey: Invasión y venta irregular de predios privados.

  • ​La Guamuchilera: Ocupación de terrenos bajo esquemas de cobros semanales sin certeza jurídica.


​El modus operandi combina el chantaje político, la presión mediática y la explotación de familias en situación de vulnerabilidad. Bajo la promesa de acceder a un terreno, los ciudadanos son sometidos a cuotas semanales que van desde los 100 pesos en adelante. No obstante, al tratarse de actos al margen de la ley, estas aportaciones no otorgan ningún derecho de propiedad, exponiendo a los ocupantes al desalojo legal una vez que los cauces jurídicos sigan su curso.

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