"Me traen a puras vueltas": 4 años de calvario judicial para Blanca Elizabeth en su lucha por pensión alimenticia en Ahome
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La afectada denuncia un viacrucis burocrático entre la Vicefiscalía Zona Norte y los juzgados familiares; con tres hijos que alimentar y un expediente estancado desde 2024, exige una pronta respuesta de las autoridades
Ahome, Sinaloa.- La desesperación y la indolencia institucional se cruzan nuevamente en el norte de Sinaloa. La señora Blanca Elizabeth Vera Pérez alzó la voz para denunciar públicamente un calvario de cuatro años marcados por la omisión y la burocracia, tiempo durante el cual ha exigido el cumplimiento de una pensión alimenticia vital para el sustento de sus tres hijos, sin obtener una respuesta favorable por parte de los impartidores de justicia.
Un laberinto burocrático entre la Vicefiscalía y los juzgados
De acuerdo con el testimonio de la afectada, el proceso legal ha derivado en un juego de simulación institucional. Su denuncia formal quedó radicado bajo el expediente 00519/24, con fecha de inicio el 9 de mayo de 2024. Sin embargo, en lugar de recibir acompañamiento y protección jurídica, Blanca Elizabeth ha sido víctima de un desgaste sistemático: las oficinas de la Vicefiscalía Zona Norte en Los Mochis la remiten constantemente al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial en Ahome, instancia que, a su vez, la devuelve a la dependencia investigadora en un círculo vicioso de inacción.
La denunciante reprochó que este ir y venir institucional solo refleja la falta de empatía y compromiso del personal encargado de procurar y administrar justicia, dejando a su familia en una situación de absoluta vulnerabilidad económica.
Clamor por justicia para sus hijos
Ante la falta de garantías para subsistir y proporcionar alimentos a sus menores hijos, la ciudadana hizo un llamado urgente para que el caso sea revisado con perspectiva de género y sensibilidad social, frenando la negligencia que mantiene su expediente en el olvido.
La exigencia de Blanca Elizabeth se centra en una premisa ineludible: que las autoridades dejen de dilatar el proceso y ejerzan sus facultades para obligar al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, garantizando que el acceso a la justicia deje de ser una promesa aplazada para quienes más lo necesitan.
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