Detienen a Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California, por presunto contrabando de combustible

El exgobernador de Baja California fue arrestado en Ensenada; la Fiscalía General de la República lo vincula con una red de delincuencia organizada y "huachicol fiscal" a través de la firma Ingemar.

La tarde de este jueves, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en Ensenada, Baja California, en contra del exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Al exmandatario estatal se le acusa de estar presuntamente involucrado en operaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, un arresto que sacude el panorama político nacional debido al peso histórico del personaje.

Minutos antes de que la autoridad ministerial hiciera oficial el caso, el propio Ruffo Appel logró confirmar vía telefónica a la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) que permanecía bajo custodia en las instalaciones del Ministerio Público Federal. Durante el breve enlace, que se interrumpió abruptamente, el político de extracción panista aseguró que los agentes no le habían especificado las causas de su arresto.

Un operativo derivado de pesquisas federales

La captura del exgobernador es el resultado de una investigación de carácter federal que seguía de cerca las actividades de importación y distribución de combustibles de una empresa de la cual Ruffo Appel es socio mayoritario.

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales de comunicación digital, la FGR detalló que las indagatorias previas aportaron los elementos suficientes para solicitar a un juez de control el mandato judicial. De acuerdo con el Ministerio Público de la Federación, la empresa en cuestión sirvió de plataforma para el traslado ilegal de grandes volúmenes de energéticos hacia territorio nacional.

La conexión con el megadecomiso de Coahuila

El rastro que llevó a la detención del exmandatario se remonta al pasado 6 de julio de 2025, cuando las fuerzas de seguridad federales interceptaron un cargamento de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Informes difundidos entonces por el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula señalaron directamente a la firma Ingemar S.A. como la responsable de movilizar el hidrocarburo utilizando documentación y permisos alterados.

Originalmente constituida dentro del sector inmobiliario, Ingemar S.A. modificó su objeto social en 2019 para incursionar de lleno en el sector energético. Cuatro años más tarde, en 2023, la compañía obtuvo una polémica licencia federal para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. La adjudicación de este permiso generó cuestionamientos inmediatos dentro del sector, dado que la empresa carecía de la infraestructura de almacenamiento y logística necesaria para manejar tales volúmenes, desatando sospechas sobre presuntos tratos preferenciales y tráfico de influencias.

Defensas previas y la ruta del "huachicol fiscal"

Antes de que se ordenara su captura, Ernesto Ruffo Appel había rechazado de manera sistemática cualquier señalamiento en su contra. En diversas declaraciones públicas, el exfuncionario argumentó que las actividades de comercio exterior de su empresa se apegaban de manera estricta a las supervisiones de las autoridades aduaneras, insistiendo en la legalidad y transparencia de sus operaciones financieras y comerciales.

No obstante, las indagatorias se mantuvieron en curso. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya había confirmado con anterioridad que Ingemar S.A. formaba parte de un padrón de empresas bajo investigación activa dentro de la estrategia federal para combatir el denominado "huachicol fiscal", una modalidad de evasión y contrabando técnico de combustibles que afecta de manera directa las arcas públicas.

El fin de una época: del éxito electoral al banquillo

El arresto de Ernesto Ruffo Appel tiene además una fuerte carga simbólica para la política mexicana moderna. En 1989, Ruffo Appel hizo historia al convertirse en el primer gobernador de oposición del país tras ganar los comicios en Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), terminando con seis décadas de hegemonía ininterrumpida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las gubernaturas estatales.

Hoy, casi cuatro décadas después de aquel hito de la transición democrática, el exgobernador enfrenta el proceso judicial más complejo de su vida pública, ahora bajo acusaciones que lo vinculan con redes de delincuencia organizada y comercio ilegal de energéticos.