Venía a 'surtir'; sentencian a seis años de prisión a sujeto que intentó cruzar más de 23 mil cartuchos por Nogales

El cargamento de armamento y accesorios tácticos fue interceptado por elementos federales en la aduana de la Garita III tras una inspección a un camión de carga.

A más de seis años de prisión y el pago de una sanción económica fue condenado Manuel «N», tras ser hallado penalmente responsable del delito de introducción ilegal de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas a territorio nacional, a través del estado de Sonora.

La delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que un juez de control dictó una sentencia condenatoria de seis años, dos meses y 20 días de cárcel, además de imponerle una multa superior a los 26 mil pesos, luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal.

Decomiso masivo en la Garita III «Puerta México»

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades ministeriales, los hechos se registraron cuando el hoy sentenciado pretendía ingresar al país a bordo de un tractocamión por el cruce fronterizo de la Garita III, conocida popularmente como Puerta México, en el municipio de Nogales.

Durante una revisión de rutina implementada por los agentes de aduanas y efectivos de la Guardia Nacional, los efectivos detectaron irregularidades en la estructura de la unidad de carga, procediendo a una inspección exhaustiva.

En el operativo, las autoridades aseguraron un arsenal oculto que contabilizó más de 23 mil cartuchos útiles de diversos calibres y 93 cargadores para armas de fuego, impidiendo que el material bélico llegara a manos de grupos delictivos que operan en la entidad.

Proceso legal y sanción judicial

Tras el hallazgo, Manuel «N» fue detenido en el sitio y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Una vez desahogadas las etapas del procedimiento penal y acreditada su responsabilidad, el juez federal determinó la pena privativa de la libertad, la cual el sentenciado deberá cumplir en un centro de readaptación social, cerrando así el proceso judicial en torno a este decomiso fronterizo.