"Tememos por nuestra vida": Custodias del penal de Goros II protestan en Ahome tras asesinato de compañera y denuncian abusos

Exigiendo un esquema equitativo de rotación, viáticos y el cese de las comisiones indefinidas, las trabajadoras —en su mayoría madres solteras— interpusieron un amparo y demandan la intervención directa de las autoridades estatales ante el temor constante por su seguridad.

Los Mochis, Ahome. — La tensión en el sistema penitenciario de Sinaloa escaló este jueves tras la protesta realizada por un grupo de mujeres custodias del Centro Penitenciario de Goros II, en el municipio de Ahome. Las servidoras públicas alzaron la voz para denunciar una serie de abusos de autoridad, hostigamiento laboral y traslados arbitrarios hacia penales de alta peligrosidad, una situación que, aseguran, las deja en estado de indefensión y pone en riesgo su integridad tras el reciente asesinato de una compañera en Culiacán.

Comisiones sin fecha de retorno y sin viáticos

El conflicto estalló luego de que este miércoles 12 de agosto de 2026, alrededor de las 18:15 horas, un grupo de custodias fuera notificado mediante oficios para presentarse de manera inmediata en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, ubicado a unos 200 kilómetros de sus hogares. Los documentos, entregados a pocas horas de concluir sus turnos ordinarios, carecen de una fecha de regreso establecida, lo que en la práctica representa una asignación por tiempo indefinido.

Las inconformes señalaron que estas órdenes de traslado se realizan de forma sistemática sin el otorgamiento de viáticos para hospedaje, alimentación o transporte. Esta falta de apoyo económico obliga a muchas de ellas a solicitar préstamos bancarios o con financieras cuyos cobros terminan afectando directamente sus percepciones salariales, complicando la manutención de sus familias al tratarse, en su mayoría, de jefas de familia y madres solteras.

Un esquema inequitativo y castigo a las mismas compañeras

Durante la manifestación, las trabajadoras aclararon que no se niegan a cumplir con sus responsabilidades ni a laborar en otros centros de reinserción social del estado, sino que exigen piso parejo. Denunciaron que los traslados recaen de manera recurrente sobre el mismo personal femenino, mientras que hay elementos varones —algunos con más de 15 años de antigüedad y próximos a jubilarse— que jamás han sido movidos del penal de origen en el norte del estado.

Casos particulares como el de la custodia Milka Luzney evidencian las irregularidades, ya que fue requerida para cubrir una comisión en Culiacán a pesar de contar con un periodo vacacional debidamente autorizado del 12 de agosto al 11 de septiembre, e incluso su nombre fue redactado incorrectamente en la documentación oficial sin que las autoridades accedieran a corregirlo.

Otras trabajadoras, como Luisa Elisea —madre de un niño de tres años—, recordaron haber permanecido hasta dos meses en la capital pese a que la orden inicial era por un lapso menor, separándose abruptamente de sus redes de apoyo familiar. Por su parte, Jesús Selene relató haber sido enviada un mes a Culiacán y, tras laborar apenas tres turnos al regresar, ser comisionada nuevamente por seis meses a Mazatlán.

El fantasma de la inseguridad: El caso de María de los Ángeles

El detonante que incrementó el temor entre el personal penitenciario fue el reciente homicidio de María de los Ángeles Ruiz Salazar, una custodia originaria del ejido El Macapule, en Ahome, quien fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida en Culiacán. Ante este trágico precedente, las custodias cuestionan severamente por qué se sigue enviando prioritariamente a mujeres a la capital del estado, zona que atraviesa por complejos escenarios de violencia.

Las trabajadoras señalaron directamente al jefe de custodios, Óscar Chávez Patilla, de desatender sus peticiones bajo el argumento de que los oficios son inmodificables. Ante la negativa de los mandos locales, las afectadas decidieron interponer un recurso legal de amparo por violación a sus derechos laborales, humanos y de género, además de solicitar de manera urgente la mediación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y de colectivos feministas para frenar lo que califican como hostigamiento institucional.