Sindicato Nacional Azucarero tiene un mes para evitar denuncias penales por presunto fraude y lavado de dinero, advierten

La tensión social y laboral escala en el norte de Sinaloa ante la inminente ruptura entre los trabajadores del Ingenio Azucarero de Los Mochis y las cúpulas sindicales nacionales.

En voz de su representante, Natividad de Jesús García Báez, un bloque de 200 obreros colocó sobre la mesa una advertencia definitiva respaldada por un poder formal otorgado a Luis Puente Pérez: el mes de septiembre es el plazo límite para finiquitar un adeudo histórico de más de una década, o se desatará una ofensiva legal e institucional de carácter federal.

​La molestia generalizada surge tras el incumplimiento sistemático de acuerdos pactados por los dirigentes.

Tras una mesa de negociación en la Ciudad de México entre el empresario fiscalista Luis Puente Pérez, con Lorenzo Pale Mendoza —Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM)— y su equipo jurídico, se prometió una salida pronta que quedó en promesas vacías.

La simulación continuó el pasado 28 de junio, cuando Tereso Medina, dirigente nacional de la CTM, visitó Los Mochis y al ser abordado por Puente Pérez y un grupo de los trabajadores afectados, ofreció materializar una ruta de justicia para los obreros a partir de ese mismo día. Hoy, más de dos meses después, también quedó en el olvido.

​El punto de quiebre definitivo se configuró cuando expiró el plazo del pasado 10 de agosto, fecha límite en la que Pale Mendoza se había comprometido formalmente a presentar una propuesta concreta de pago que jamás llegó. Ante esta burla sistemática, la base trabajadora advierte que no tolerará más evasivas y prepara carpetas de investigación por la vía penal.

​Las indagatorias particulares en poder de los afectados apuntan a una red de despojo y corrupción al amparo de las siglas sindicales.

La documentación recopilada detalla la venta irregular de maquinaria, equipo, chatarra e incluso predios del patrimonio industrial, en una triangulación donde presuntamente operaron empresas factureras junto con los propios líderes locales y nacionales del sindicato.

​De acuerdo con el convenio primigenio firmado en junio de 2015, el incumplimiento acumulado activa automáticamente penas convencionales e intereses moratorios calculados retroactivamente por los últimos 11 años.

Con el mes de septiembre como última tregua, los obreros advirtieron que, de no haber un acuerdo resuelto, escalarán el conflicto directamente ante las instancias federales de procuración de justicia, la Secretaría del Trabajo y la propia Presidencia de la República, destapando un escándalo de corrupción sindical de proporciones mayúsculas.

Las denuncias que se estarían presentando sería por presunto fraude y lavado de dinero.

Por último Natividad García, reconoció la ayuda, el interés y la solidaridad de Luis Puente para con los trabajadores delIngenio, pues para ellos, esta situación ya era caso perdido, después de más de una década de mentiras, engaños y burlas hacia ellos y sus familias, por parte de seudo líderes sindicales y empresarios abusivos.