Reclamo de viudas de policías en Ahome tambalea entre la justicia y el protagonismo político de operadores ligados a GVL

LOS MOCHIS, SINALOA — La mañana de este lunes, un grupo de mujeres viudas de policías tomó las instalaciones del Ayuntamiento de Ahome para exigir justicia laboral y administrativa, un reclamo genuino que, sin embargo, quedó parcialmente eclipsado por la evidente incursión de actores políticos con antecedentes cuestionables que buscan capitalizar el movimiento.

​Encabezadas por Alma Rosario Castro, representante de la Asociación por los Derechos de la Víctima, las manifestantes ingresaron al Palacio Municipal para exigir respuesta a demandas históricas que siguen sin resolverse.

Entre los puntos expuestos públicamente destacan la entrega formal de un seguro de retiro, la emisión de un documento oficial respaldado por Cabildo que otorgue certeza jurídica a sus pensiones por viudez, y el cese del personal de Recursos Humanos, a quienes señalan por trato prepotente, apatía y falta de atención a sus expedientes.

​No obstante, la protesta exhibió una marcada dualidad entre las demandas expuestas ante los medios y las planteadas a puerta cerrada al secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos.

En privado, el contingente focalizó su exigencia en la destitución del titular Jurídico del municipio, bajo el argumento de un presunto rezago en trámites que cuentan con amparos y resoluciones judiciales a favor, un asunto de carácter estrictamente legal que contrasta con la naturaleza social del resto de sus peticiones.

​Frente a esta acusación de inoperancia, la autoridad municipal refutó los señalamientos al demostrar que la atención y el desfahoge de los expedientes han avanzado de manera sostenida.

El pasado 12 de junio, el director jurídico —con la representación y autorización del secretario del Ayuntamiento— firmó una minuta de cumplimiento de dictámenes con un grupo de policías que lideraba de forma irregular Dalvingh Iturrios, toda vez que este último se encuentra legalmente impedido para litigar en contra del municipio por haber fungido como titular del Órgano Interno de Control (OIC) y de la propia Dirección Jurídica, incurriendo en un evidente conflicto de interés.

​Posteriormente, el 15 de junio de 2026, en la sala de juntas de Cabildo y ante la presencia de funcionarios, regidores, policías y líderes, se suscribió un acuerdo formal donde el secretario del Ayuntamiento se comprometió a la emisión mensual de los dictámenes, condicionados únicamente a que se encuentren debidamente integrados y actualizados.

Dicho compromiso se ha cumplido a cabalidad: tan solo la semana pasada fueron liberados seis dictámenes y actualmente se trabaja en doce más, invalidando cualquier argumento de desatención o morosidad institucional, respaldado además por el registro oficial de visitas de la Dirección Jurídica que constata la atención constante a ciudadanos, policías, líderes y regidores.

​El trasfondo político y la sombra de Dalvingh Iturrios

​Lo que comenzó como una movilización por derechos laborales adquirió tintes partidistas con la presencia de Dalvingh Iturrios Corrales, exdirector Jurídico y ex titular del Órgano Interno de Control en la administración pasada, quien se presentó públicamente como "asesor jurídico" del movimiento, un nombramiento que las propias viudas se encargaron de desmentir de manera categórica.

​La figura de Iturrios Corrales arrastra un historial polémico. A nivel federal, enfrentó antecedentes durante su gestión como director de Administración de la Comisión Nacional del Agua bajo la investigación PCD-215/2012, además de un expediente penal vinculado al presunto robo de dos vehículos de una constructora.

​Su operador político también evoca episodios recientes de opacidad institucional: el pasado 2 de mayo de 2025, tras la designación de Antonio Menéndez por el Congreso del Estado en medio del proceso de desafuero del exalcalde Gerardo Vargas Landeros, Iturrios fue captado sacando cajas con documentación a toda prisa de la oficina de Presidencia para subirlas a un vehículo particular, el cual escoltó personalmente en una camioneta durante su huida.

​Mientras las viudas de los agentes policiales continúan exigiendo la certidumbre jurídica y económica que por ley les corresponde tras la pérdida de sus parejas, su legítima causa corre el riesgo de ser utilizada como instrumento de presión por operadores políticos del pasado, evidenciando que en Ahome los reclamos sociales más sensibles a menudo terminan siendo arropados por intereses cupulares.