Padre de bebé asesinado en el penal de Mazatlán tramita amparo para despedirse de él

Jesús “N”, interno herido durante el ataque armado del 8 de octubre en el Cecjude, obtuvo una suspensión de plano tras promover una demanda legal en la que también acusa omisiones médicas y fallas graves de seguridad.

El dolor tras la masacre registrada en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, ha escalado a los tribunales federales. Un recluso identificado como Jesús “N” promovió una demanda de amparo para exigir a las autoridades penitenciarias que le permitan ver por última vez y despedirse de su hijo, un menor de un año y 9 meses que perdió la vida durante el ataque armado ocurrido el pasado 8 de octubre en las instalaciones del penal.

De acuerdo con la información publicada por el diario Reforma, el juez Isaí López Triana, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Sinaloa, admitió a trámite el recurso legal presentado por el interno —quien también resultó lesionado durante los hechos— y le concedió la suspensión de plano contra los actos reclamados al Cecjude Mazatlán.

• Negativa institucional: En el escrito de la demanda, el padre reclamó la negativa y la omisión de la dirección del penal para autorizarle el encuentro con los restos de su pequeño, a pesar de que la tragedia se originó por fallas atribuibles a la propia administración penitenciaria.

• Proceso judicial: El recurso fue dirigido también contra el Juzgado Cuarto Especializado en Ejecución de Penas Región Sur, autoridad que tendría la facultad legal de autorizar una eventual excarcelación bajo custodia para que el interno acuda a la ceremonia fúnebre.

Acusaciones de tortura, malos tratos y falta de seguridad

Además de la exigencia humanitaria para asistir al funeral, el interno —sentenciado por el delito de robo de vehículo— amplió su demanda contra múltiples violaciones a sus derechos fundamentales dentro del reclusorio:

• Incomunicación y agresiones: Jesús “N” denunció haber sido víctima de tortura, tratos crueles e incomunicación por parte de la custodia durante la incursión de los hombres armados que cobró la vida de 10 personas en el penal, entre ellas su hijo.

• Omisión en la seguridad: El recurso legal señala directamente al director general del penal por la falta absoluta de condiciones para salvaguardar la vida de los internos y sus visitantes, permitiendo una agresión salvaje por parte de civiles armados.

• Negligencia médica: La demanda también incluye como responsables a los directores del Hospital General de Mazatlán y del penal, a quienes acusa de incurrir en omisiones que retrasaron o negaron la atención médica de urgencia al menor tras recibir impactos de bala.

• Investigación ministerial: El amparo fue interpuesto asimismo contra la Unidad de lo Penal Especializada en el Delito de Homicidio de la Región Sur de Sinaloa, instancia encargada de integrar las carpetas de investigación por la masacre que dejó un saldo inicial de 10 fallecidos.