Otro golpe a las 'tiendas chinas'; aseguran tercer comercio por investigación

FGR asegura 'tiendas chinas' en Los Mochise por presunta mercancía pirata

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó el aseguramiento de un tercer establecimiento comercial de importaciones en Los Mochis, Sinaloa, como parte de una estrategia integral contra la distribución de mercancías ilegales. El despliegue se concentró en el Bulevar Rosales, entre las calles Carranza y Genaro Estrada, dentro de la colonia Scally, donde se localiza uno de los locales más extensos de este sector.

Operativo militar y federal en la colonia Scally

El procedimiento judicial fue respaldado por efectivos del Ejército Mexicano, quienes custodiaron el perímetro mientras los agentes del ministerio público federal cumplimentaban una orden de cateo. Durante la inspección, las autoridades recopilaron evidencia fotográfica del inventario exhibido y desalojaron al personal para colocar los sellos oficiales de resguardo federal con la leyenda de "asegurado".

Con este caso, suman tres los comercios intervenidos bajo la misma línea de investigación durante la jornada, sin que se reporten personas detenidas de manera oficial.

El sustento legal: Piratería en el Código Penal Federal

La intervención de una instancia federal como la FGR obedece a que la comercialización de productos apócrifos y la falsificación de marcas constituyen delitos graves contra la propiedad industrial y los derechos de autor, tipificados en la legislación nacional. El Código Penal Federal establece sanciones punitivas severas para quienes produzcan, almacenen, transporten, introduzcan al país, distribuyan o vendan mercancías piratas con fines de lucro.

De acuerdo con el marco jurídico vigente en México (Artículos del Título Vigésimo Sexto del CPF y leyes complementarias de Propiedad Industrial), la venta al público de artículos falsificados a sabiendas de su origen ilícito se castiga con penas que van de los tres a los diez años de prisión, además de multas económicas sustanciales. Estas consecuencias se endurecen de manera exponencial si se comprueba que las mercancías ingresaron al territorio nacional mediante contrabando, defraudación fiscal o lavado de dinero.

El riesgo agravado de la Delincuencia Organizada

La magnitud de los operativos simultáneos y la participación de fuerzas castrenses sugieren que las indagatorias federales apuntan a redes de distribución estructuradas. Cuando dos o más personas se organizan de forma permanente o reiterada para cometer delitos contra la propiedad intelectual e industrial, la legislación mexicana permite tipificar la conducta bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Imputar este esquema legal eleva drásticamente las repercusiones jurídicas para los involucrados. Las penas de prisión por delincuencia organizada se suman a las del delito base, y los bienes inmuebles utilizados para la actividad ilícita —como los locales comerciales asegurados en Los Mochis— quedan sujetos de inmediato a procesos de extinción de dominio. Esto significa que el Estado puede tomar posesión definitiva de las propiedades, independientemente de que los dueños registrales formen parte activa o no del proceso penal.