No solo es Totalplay: Megacable tambien adeuda más de 600 MDP por infraestructura ilegal y "basura visual", en Guamúchil

​El debate sobre el ordenamiento urbano y la responsabilidad fiscal de las grandes empresas de telecomunicaciones ha dado un giro drástico

Mientras el foco público se ha centrado recientemente en los adeudos fiscales de gigantes como Totalplay, en el ámbito local, en Salvador Alvarado, emerge un escándalo de proporciones mayúsculas: Megacable (y/o Telefonía por Cable) arrastra una deuda que supera los 600 millones de pesos con el ayuntamiento municipal, derivada de una histórica resistencia a pagar por los permisos de su infraestructura y por convertir el espacio público en un depósito de desechos tecnológicos.

​La investigación documental y los litigios en curso revelan una estrategia sistemática de evasión regulatoria que data de años atrás y que continúa operando en la total impunidad visual y urbana hasta el día de hoy.

​La primera batalla perdida: El amparo 614/2024

​La crisis estalló formalmente el 25 de julio de 2024. Tras una serie de inspecciones físicas, la autoridad municipal detectó el despliegue masivo de registros de concreto, postes y cableado aéreo sin ninguna autorización previa. Al ser requerida para demostrar la propiedad de las instalaciones y presentar las licencias correspondientes, la empresa guardó silencio.

​Al vencerse los plazos legales, el ayuntamiento aplicó una primera tanda de sanciones por un total de $55,469,700.00 M.N.

Como respuesta, Megacable intentó frenar el cobro recurriendo a la justicia federal mediante el juicio de amparo 614/2024 en el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Sinaloa.

​Sin embargo, el blindaje legal falló: el 15 de abril de 2025, el juzgado emitió una sentencia favorable para el ayuntamiento, validando la facultad del municipio para regular su propio suelo.

La ofensiva de los 600 millones: El colapso del Tribunal Administrativo

​Lejos de regularizar su situación tras el revés federal, la empresa mantuvo la misma política de expansión sin permisos. Una segunda etapa de inspecciones municipales sacó a la luz centenares de nuevas instalaciones clandestinas.

​Esta vez, la acumulación de multas escaló de forma sin precedentes hasta superar los 600 millones de pesos. Para evitar el pago, Megacable ha decidido fragmentar el conflicto, promoviendo múltiples juicios bajo diversos números de expedientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, saturando las vías institucionales antes de ceder a la regularización.

​Banquetas "maquilladas", escombro y el peligro peatonal cotidianos

​Más allá del desfalco financiero al erario público, el verdadero impacto social se vive a nivel de cancha: en las banquetas y calles que utilizan diariamente miles de ciudadanos.

​Fuentes cercanas al municipio confirmaron a este medio que los trabajos de introducción de cableado subterráneo destruyen el pavimento y las banquetas, las cuales posteriormente son solo "maquilladas" con parches de mala calidad. Además, es común que se abandone escombro durante días en la vía pública, bloqueando el paso a personas con discapacidad y adultos mayores.

​A esto se suma la alarmante falta de transparencia en sus operaciones:

• ​Cero programas de mantenimiento: La empresa se niega a informar al ayuntamiento cuándo o dónde intervendrá las calles, obstruyendo avenidas con vehículos pesados, escaleras y remolques de cableado sin señalización adecuada.

• ​Basura tecnológica: Tras la migración técnica a la fibra óptica, toneladas de viejo cable coaxial han sido dejadas al olvido, colgando peligrosamente de los postes o acumuladas en las esquinas, constituyendo focos de contaminación visual y riesgos de accidentes.

• ​"Instalan donde quieren, incluso sobre la infraestructura que ya le pertenece al municipio. Rompen el libre tránsito y se adueñan del espacio de todos", señaló un inspector urbano bajo condición de anonimato.

• ​La estrategia del "Hecho Consumado"

• ​La reticencia a tramitar permisos no es una omisión administrativa inocente; responde a una estrategia legal bien calculada por las empresas de telecomunicaciones. Un ejemplo de la urgencia de la intervención municipal ocurrió recientemente junto a la tienda Ley Dr. de la Torre, donde la empresa Red Nacional de Última Milla (Telmex) intentó sembrar un poste en plena banqueta, eliminando por completo el acceso peatonal. La oportuna intervención de la autoridad logró detener la instalación in situ.

• ​¿Por qué es vital detenerlos antes de que coloquen la infraestructura? Porque una vez colocado el poste o el cable, las empresas corren a los juzgados federales bajo el argumento de que las telecomunicaciones son de jurisdicción federal, obteniendo suspensiones provisionales vía amparo que impiden al municipio retirarlos. Así, el abuso se vuelve permanente mientras el juicio dura años.

• ​La batalla por los 600 millones de pesos no es solo un pleito fiscal; es la defensa del derecho a la ciudad frente a corporativos que asumen que la conectividad digital les otorga el derecho de pisotear el ordenamiento local. El ayuntamiento mantiene la guardia en los tribunales, pero el cableado ilegal sigue colgando sobre la cabeza de los ciudadanos.

Cortesía: Juan Serna Noticias