Mujer acusada de matar a su esposo alega defensa propia; investigan caso bajo perspectiva de género

Azucena Noemí "N", de 21 años, enfrenta cargos por el homicidio de su pareja tras una riña domiciliaria, mientras que las autoridades ministeriales indagan antecedentes de violencia familiar y lesiones físicas en la imputada.

Un caso que ha conmocionado a la capital de Coahuila dio un giro fundamental en los tribunales de Saltillo, luego de que un juez determinara la vinculación a proceso de una joven de 21 años acusada de privar de la vida a su cónyuge dentro de su domicilio ubicado en la colonia Universidad Pueblo.

Las indagatorias ministeriales abrieron una línea de investigación bajo estricta perspectiva de género para esclarecer si la presunta agresora actuó amparada por la legítima defensa, tras revelarse evidencias físicas de una agresión previa en su contra.

El trágico altercado y los antecedentes de violencia

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante una reunión en la que la pareja se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. La versión inicial señala que la discusión comenzó cuando Johan "N", la pareja sentimental de la imputada, le pidió que dejara de beber, lo que desató un altercado que escaló rápidamente hasta la violencia física dentro de la vivienda.

Durante la riña, el hombre resultó con lesiones producidas por un arma blanca que ameritaron su traslado urgente a un nosocomio local, donde finalmente perdió la vida a consecuencia de la gravedad de las heridas.

Sin embargo, el curso legal cambió cuando el equipo de defensa y la propia representación social confirmaron que la imputada presentaba diversas huellas de violencia en el cuerpo, entre las que destacan una aparente fractura en la nariz y múltiples marcas de arrastramiento, indicios que sustentan la teoría de una agresión física previa por parte del fallecido.

Investigación con perspectiva de género y situación jurídica

Ante los indicios de violencia de género, el órgano jurisdiccional ordenó que el caso sea analizado bajo protocolos especializados que determinen si la joven repelía una agresión que ponía en riesgo su vida mientras se encontraba sometida en el suelo.

Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia dictó la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar el desarrollo de las diligencias, otorgando un plazo judicial de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes aportarán nuevas pruebas de cara a la próxima comparecencia programada para el mes de octubre.

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