Marco legal en Sinaloa: De la interrupción del embarazo al homicidio calificado por el hallazgo de un recién nacido

El Código Penal del estado establece severas sanciones que van desde penas sustitutivas por aborto tardío ilegal hasta penas de más de 50 años de prisión si se comprueba que el feto nació con vida y se provocó su deceso.

El reciente hallazgo de un producto de gestación sin vida en el sistema de drenaje de una vivienda en la zona norte del estado ha encendido el debate público sobre la legislación penal vigente en Sinaloa, las consecuencias jurídicas por la interrupción voluntaria del embarazo fuera de los marcos legales y el eventual agravamiento de cargos penales si la investigación pericial determina un nacimiento con vida.

En el estado de Sinaloa, el marco jurídico distingue de manera puntual las fronteras procesales entre el delito de aborto sancionado fuera del plazo estipulado y las conductas delictivas de mayor severidad, como el homicidio en razón de parentesco o la omisión de cuidado flagrante.

El límite de las 13 semanas y las sanciones por aborto ilegal

A partir de la reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa en marzo de 2022, la interrupción del embarazo es legal y gratuita dentro de las primeras 13 semanas de gestación. Transcurrido este plazo constitucional, la interrupción del embarazo continúa tipificada como un delito, salvo en las excepciones contempladas por la ley (como violación, riesgo para la vida de la madre o malformaciones congénitas graves).

De acuerdo con el Artículo 157 del Código Penal estatal, a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otra persona la haga abortar después de la semana 13 de gestación, se le impondrán sanciones que van desde medidas integrales con perspectiva de género, trabajo en favor de la comunidad o penas de privación de la libertad sustituibles, según la valoración del Juez de Control. Sin embargo, cuando la gestación se encuentra en una etapa tan avanzada como los 8 meses (32 semanas), la valoración pericial resulta determinante para fijar la conducta penal.

Nacimiento con vida: La delgada línea hacia el homicidio o feminicidio

La clave técnica de la investigación ministerial radica en el dictamen que emita la Dirección de Periciales tras la práctica de la docimasia pulmonar en la necropsia de ley. Esta prueba médica determina si los pulmones del recién nacido llegaron a expandirse y respirar fuera del vientre materno.

Si los peritajes forenses confirman que el recién nacido nació con vida —aunque haya sido de forma prematura—, la figura jurídica del aborto queda completamente descartada y la carpeta de investigación se reconfigura de inmediato bajo delitos del orden común de extrema gravedad:

• Homicidio en razón de parentesco o consanguinidad: Tipificado en el Artículo 140 del Código Penal de Sinaloa, sanciona a quien prive de la vida a un descendiente consanguíneo. Si la causa de muerte fue provocada por asfixia por sumersión (ahogamiento), traumatismo craneoencefálico (golpes) o sofocación al ser depositado en el drenaje, la pena fluctúa entre los 20 y 50 años de prisión.

• Homicidio calificado por abandono o inanición: Si el menor falleció debido al abandono omisivo, falta de auxilio médico, hipotermia o inanición en el ducto sanitario, la ley contempla agravantes de ventaja, alevosía y traición, manteniendo penas privativas de la libertad superiores a los 30 años de cárcel.

• Omisión de cuidado: En caso de que se demuestre imposibilidad física o trastorno de salud mental en la madre, pero existan terceros involucrados que hayan dejado inerme al recién nacido, se configuran coautorías en delitos de omisión de auxilio y comisión por omisión.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas todas las líneas de investigación, supeditadas al informe del Servicio Médico Forense para determinar si el caso encuadra en una infracción al Código Penal por interrupción extemporánea o en un delito de homicidio agravado.