Luis Puente desentierra el fraude de 2015: El caso del Ingenio Azucarero está por resolverse

Para las familias de los obreros del Ingenio Azucarero de Los Mochis, el olor a caña dulce se transformó hace más de una década en el amargo sabor de la traición. Lo que debió ser un retiro digno tras años de arremangarse la camisa frente a las calderas, se convirtió en una historia de opacidad, corrupción, desvíos y promesas rotas.

Hoy, una profunda investigación encabezada por el empresario fiscalista Luis Puente Pérez promete levantar la alfombra de uno de los fraudes sociales más descarados en la historia laboral de Sinaloa.

De acuerdo a una revisión de documentos clave entregados al Periódico Mercurio, confirma que en la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje en Sinaloa, no existe registro alguno de pago a los trabajadores del ingenio azucarero.

Además, se encontraron documentos internos del Sindicato Azucarero en el cual se registrraron pagos y abonos a discreción, escamoteándoles el dinero a cientos de trabajadores, abriendo una interrogante judicial implacable: ¿Dónde quedaron los cientos de millones de pesos que debieron llegar a los bolsillos de los obreros?

El Pacto de 2015: Las cifras de la infamia

El origen legal del conflicto nos remonta al 26 de agosto de 2015. En esa fecha, se firmó un convenio definitivo que debió resolver las indemnizaciones de los trabajadores. El documento cuenta con las firmas de los entonces representantes de la Sección XII del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera (STIASRM): Gabriel Lizárraga, Jesús Alfonso Valdez y Jorge Luis García Quintero, junto a su apoderado José Manuel Cervantes Bravo y Esteban Enríquez Yocupicio en representación de los jubilados. Por la parte patronal, firmaron Alejandro Elizondo Macías y José Manuel Arreola Macías, apoderados de la Compañía Azucarera de Los Mochis, SA de CV.

El acuerdo estipulaba una ruta financiera clara que debía liquidarse, a más tard, el 15 de octubre de 2015:

• 132 millones de pesos destinados exclusivamente a las indemnizaciones de los trabajadores sindicalizados por el tiempo laborado.

• 20 millones de pesos para el Sindicato Nacional, con el fin de crear un fondo y cubrir las jubilaciones mensuales.

• 4 millones de pesos por adeudos de diversos programas sociales.

• 1.5 millones de pesos entregados al sindicato local bajo el concepto de “Bono de Previsión Social”.

A pesar de la claridad del papel, la realidad para los obreros fue radicalmente distinta.

Reparto a discreción: Migajas para los trabajadores

La investigación de Luis Puente Pérez ha sacado a la luz seis documentos contundentes que revelan una cruda verdad: los líderes sindicales locales operaron con total discrecionalidad. Pagaron a quienes quisieron, como quisieron y las cantidades que decidieron.

De los 132 millones de pesos pactados para el grueso de los trabajadores, solo se dispersó un aproximado de 33 millones de pesos. Esta cantidad, además, se atomizó de forma tramposa para simular el cumplimiento de otras obligaciones, incluyendo en esa bolsa a trabajadores eventuales, jubilados, primas de antigüedad, retroactivos, útiles escolares, fondos de ahorro y vacaciones.

La matemática del engaño: Si se realiza una división simple de los 132 millones de pesos entre los 572 obreros registrados (cifra que ronda realmente los 600 afectados), a cada uno le correspondía recibir un promedio de 229 mil pesos en 2015. En su lugar, miles de pesos se evaporaron y a los trabajadores se les escamotearon finiquitos que apenas rozaron una fracción de lo legal.

Análisis Comparativo del Convenio 2015

Concepto del Convenio (2015)	Monto Pactado	Estado Real del Pago
Indemnizaciones para Obreros	$132,000,000 MXN	$33,000,000 MXN (Aproximado dispersado bajo discrecionalidad)
Fondo de Jubilaciones Nacional	$20,000,000 MXN	Sin registro de dispersión legal
Programas Sociales	$4,000,000 MXN	Sin registro de dispersión legal
Bono de Previsión Social	$1,500,000 MXN	Entregado a dirigencia sindical local
TOTAL COMPROMETIDO	$157,500,000 MXN	Faltante millonario bajo investigación

Las preguntas de los 217 millones: Maquinaria y Terrenos

La opacidad no termina en las listas de pago. Si los "líderes" locales argumentaban que no había dinero suficiente para cubrir los 132 millones de pesos de las liquidaciones, las auditorías e indagaciones de Puente Pérez desmienten la narrativa de la quiebra absoluta con dos datos escalofriantes:

• La Maquinaria: Se ejecutó la venta de activos y maquinaria del ingenio por un valor de 147 millones de pesos.

• Los Terrenos: Se dispuso de terrenos de la empresa cuyo valor supera los 70 millones de pesos.

Si sumamos estos montos, existen más de 217 millones de pesos cuyo destino final sigue siendo un misterio absoluto. ¿Dónde quedó ese diferencial? ¿A qué cuentas bancarias fue a parar el patrimonio que legalmente debía garantizar la justicia social de los cañeros?

La auditoría con lupa: Hacia la recta final

El caso ha tomado un giro definitivo. El fiscalista Luis Puente Pérez no está solo en esta batalla; en coordinación con la dirigencia nacional del STIASRM, encabezada por Lorenzo Pale Mendoza, y el respaldo del Secretario General de la CTM, Tereso Medina, se ha iniciado un cotejo milimétrico.

La intensión de Luis Puente era confrontar las listas internas del Sindicato de supuestos pagos, con los expedientes de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, sin embargo no se encontraron registros en esta dependencia de ni un solo pago.

La meta de esta fiscalización es agresiva y busca resarcir el daño histórico. Mientras que en 2015 se les pretendía liquidar con poco más de 200 mil pesos (que ni siquiera les pagaron completos), la estrategia legal actual busca demostrar que, por derecho y actualización, cada obrero debe recibir un monto digno de entre 600 y 700 mil pesos.

El cerco sobre los responsables locales parece cerrarse. Tras más de una década de impunidad, el cotejo ante las diferentes autoridades estatales y federales promete poner fin a la simulación. La justicia para el Ingenio de Los Mochis no es solo una deuda económica; es la última oportunidad de devolverle la dignidad a cientos de familias que vieron cómo su patrimonio se disolvía en las manos de unos cuantos sinvergüenzas.