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La memoria del norte: las guerras que Sinaloa no olvida

Foto del escritor: Ramiro Cazarez
Ramiro Cazarez
hace 29 minutos
3 min de lectura

Quienes hoy observan con alarma la crisis de seguridad en el centro y sur de Sinaloa parecen olvidar que el estado ya atravesó una herida igual de profunda, aunque con una geografía y una dinámica política muy distintas.


Desde la perspectiva de quien vivió de cerca aquellos años, la violencia que hoy azota a Culiacán y Mazatlán encuentra un espejo perturbador en el norte de la entidad hace más de una década, cuando en 2011 se desató una confrontación que marcó a toda una generación en municipios como Ahome, El Fuerte y Guasave.


Bajo la lectura que sustenta este análisis, aquella crisis de 2011 no fue un estallido espontáneo, sino el resultado de una estrategia estatal encabezada por el entonces gobernador Mario López Valdez y operada desde la Policía Ministerial por Jesús Antonio Aguilar Íñiguez. A través de mandos identificados con los apellidos Carrazco, Medina y Amarillas, se señaló en su momento la operación de una estructura que buscaba desplazar al llamado Cártel de Guasave para abrir paso al Cártel de Sinaloa, entonces bajo el liderazgo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.


El saldo de aquella incursión dejó miles de víctimas y dio origen a uno de los movimientos civiles más dolorosos y dignos del país: Las Rastreadoras de El Fuerte, encabezado por Mirna Nereyda Medina, quien junto a cientos de madres comenzó la búsqueda incansable de sus hijos desaparecidos en medio de la indiferencia institucional.


La crítica central de aquella época —que sigue vigente en la memoria colectiva del norte sinaloense— radicaba en la distorsión de la función pública: la sociedad exigía el combate frontal a la delincuencia, no que el aparato del Estado fungiera como brazo ejecutor para favorecer a una facción sobre otra.


El escenario contemporáneo presenta una naturaleza distinta, aunque igual de devastadora. La fractura interna entre las facciones conocidas como "la Mayiza" y "la Chapiza", detonada tras el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada hace poco más de dos años, ha sumido a la capital del estado y al puerto de Mazatlán en una dinámica de desgaste continuo.


Sin embargo, bajo la actual administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la postura oficial y el despliegue en el terreno apuntan a un combate dirigido contra ambos bandos, apoyado en la presencia permanente del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.


El reto que enfrenta la estrategia de García Harfuch radica en que la pacificación no depende únicamente de operativos tácticos, sino de desmontar inercias acumuladas durante décadas. El crecimiento desmedido de las estructuras criminales —desde la era de Joaquín Guzmán hasta lo que hoy queda con los llamados "Chapitos"— fue posible gracias a largos periodos de omisión y complicidad transexenal que permitieron a estos grupos echar raíces profundas en el tejido social y económico de la entidad.


Más allá de las posturas que debaten sobre la velocidad o el alcance de los resultados operativos actuales, existe una exigencia clara sobre lo que deberá ocurrir una vez que cesen las hostilidades: la recuperación de Sinaloa no será completa sin un plan urgente de reconstrucción económica. La parálisis comercial y el golpe al patrimonio de miles de familias en Culiacán y los municipios afectados demandarán que los tres niveles de gobierno pasen de la contención policial a la reactivación productiva, evitando que la historia de abandono institucion


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