ICATSIN: La red que operó para financiar al junior del padrino

La derrota estrépitosa de Omar López en la contienda interna por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación no fue solo un golpe de realidad para el apadrinado político; fue el destape de una cloaca institucional que exige cuentas inmediatas.

Caer hasta el penúltimo lugar de las encuestas demostró que ni la bendición del gobernador Rubén Rocha Moya —su padrino— ni el peso legislativo de su padre, el diputado Eligio López, bastan para convencer al electorado.

Sin embargo, el verdadero escándalo no radica en su fracaso en las urnas, sino en la red de complicidades que presuntamente se tejió desde la administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) para financiarle el capricho.

​Han trascendido denuncias gravísimas que apuntan directamente a Dalia "N", exadministradora general del ICATSIN a quien recientemente se le solicitó la renuncia tras la llegada de la nueva directora general, Francisca Abelló.

No se trata solo de un relevo administrativo tenso —donde la propia Abelló ya mantenía un litigio legal previo contra Dalia "N"—, sino de una presunta operación de coacción y desvío sistemático de recursos públicos.

Planteles y acciones móviles del instituto fueron dejados en el abandono financiero durante meses, sin insumos ni operatividad básica, bajo la fuerte sospecha de que ese presupuesto fue a parar a los eventos, mítines y logística de la campaña del "junior".

​A esto se suma la intimidación laboral: personal del instituto habría sido coaccionado para asistir a las asambleas de Omar López, supeditando su estabilidad a las aspiraciones de quien hoy, tras la paliza electoral, busca acomodo como aspirante a un distrito federal en Culiacán.

​Frente a este escenario, la postura de la nueva titular, Francisca Abelló, no puede quedarse en la simple relevación de un cargo. No basta con mover la silla; Abelló está ética y jurídicamente obligada a ordenar de inmediato una auditoría integral, financiera y administrativa.

Se debe investigar a fondo el alcance del quebranto en ICATSIN y deslindar responsabilidades sobre quienes al interior de la dirección de Administración se prestaron a esta estructura paralela.

​El fuero familiar y el cobijo del Congreso del Estado que ostenta Omar López a través de su padre no pueden servir de blindaje ni de patente de corso.

El uso de la infraestructura estatal y el acoso al personal para impulsar carreras políticas financiadas con el presupuesto de la capacitación popular es un delito que debe castigarse.

Si la nueva administración del ICATSIN no actúa con firmeza para llevar este caso ante los órganos de fiscalización y las autoridades penales, el mensaje será claro: en Sinaloa la impunidad se hereda y se solapa entre compadres.