FGR sin pruebas suficientes para actuar contra Rubén Rocha Moya; la investigación continúa

La fiscalía federal admite que las indagatorias aún no alcanzan el umbral legal exigido en México, a pesar de los señalamientos de Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció públicamente que la investigación en curso contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales, todavía no cuenta con los elementos probatorios mínimos que exige la legislación mexicana para proceder legalmente en su contra.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades federales aclararon que, si bien el expediente permanece abierto y bajo un esquema de revisión exhaustiva, los señalamientos enviados por el Gobierno de los Estados Unidos no se han traducido formalmente en pruebas contundentes dentro del territorio nacional.

El origen del caso: Una solicitud desde Washington

De acuerdo con David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la carpeta de investigación se originó a partir de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Gobierno estadounidense.

El funcionario técnico detalló las claves del proceso:

• Alcance del expediente: La investigación incluye a un total de diez personas, entre las que se encuentran funcionarios y excolaboradores de la administración sinaloense.

• Estatus probatorio: Las autoridades admitieron que las indagatorias se mantienen como "punto de partida" y que, hasta el momento, no se ha alcanzado el parámetro probatorio mínimo requerido por el derecho mexicano.

• Diligencias actuales: El Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas continúan recabando informes y realizando entrevistas ministeriales a los implicados.

Extradición frenada: Las diferencias jurídicas con otros casos

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, descartó de manera tajante que el mandatario con licencia o los otros implicados puedan ser entregados de forma inmediata a la justicia norteamericana.

A diferencia de más de 90 traslados previos ejecutados bajo criterios de Seguridad Nacional, Godoy Ramos explicó que en este caso no existen órdenes de aprehensión previas ni procesos judiciales activos en México. Al tratarse exclusivamente de una petición de detención provisional con fines de extradición, el Gobierno de Estados Unidos aún debe justificar y acreditar la urgencia de la medida, un requisito indispensable que no ha sido solventado.

Indagatoria acotadaLa FGR confirmó que la investigación se limita estrictamente a los delitos señalados en la notificación original de Washington. La fiscal general precisó que no se han rastreado cuentas bancarias, patrimonio ni redes familiares, debido a que el expediente no se ha ampliado hacia delitos financieros o lavado de dinero.

El panorama político: Sin fuero ni cargo

El trasfondo de esta investigación penal surge de una acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la cual señala a Rocha Moya y a su círculo cercano de presuntamente recibir sobornos y colaborar con la facción de "Los Chapitos" en el tráfico de sustancias como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas.

Ante la gravedad de los señalamientos, Rubén Rocha Moya solicitó licencia al Congreso del Estado de Sinaloa para separarse de su cargo por un periodo mayor a 30 días, quedando Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Con esta separación oficial, el político sinaloense perdió de manera automática la inmunidad procesal (fuero), quedando expuesto a cualquier acción judicial en caso de que la FGR logre consolidar las pruebas en el futuro.