Entre nominas fantasma y aulas vacías: El escándalo de opacidad que rodea a la UTP del Carrizo
- Ramiro Cazarez

- hace 20 horas
- 3 min de lectura

Gustavo Díaz Ordaz, El Carrizo, Ahome, Sin.— Lo que se proyectó en 2023 como el gran motor educativo e industrial para los jóvenes del Valle del Carrizo se ha transformado, en menos de tres años, en una estructura opaca donde los números oficiales chocan de frente con la precariedad de sus aulas.
Mientras los documentos presupuestales registran millonarias transferencias de fondos públicos, sobre el terreno la institución opera entre locales prestados, un terreno ejidal en incertidumbre legal y un drástico abandono estudiantil.
Un presupuesto millonario bajo la lupa
De acuerdo con registros financieros oficiales, durante 2025 los gobiernos federal y del estado de Sinaloa destinaron a la Universidad Tecnológica Politécnica del Valle del Carrizo un presupuesto total de 12 millones 462 mil 674 pesos. La distribución de estos recursos públicos quedó asentada de la siguiente manera:
Plantilla de Personal Académico $2,774,318.40
Plantilla de Mandos Superiores y Medios $2,794,951.80
Prestaciones Ligadas al Salario $2,651,399.84
Plantilla de Personal Administrativo y Secretaría $1,421,819.40
Prestaciones No Ligadas al Salario $502,536.60
Prestaciones Socioeconómicas $293,711.25
Subtotal Sueldos y Prestaciones $10,438,738.00
Gastos de Operación $2,023,936.00
PRESUPUESTO TOTAL EROGADO $12,462,674.00
La brecha entre los libros contables y la realidad académica
Pese a que la estructura contable contempla una nómina calculada para 375 docentes, la plantilla real apenas alcanza 12 profesores.
La disparidad no solo es cuantitativa sino económica: mientras en el tabulador oficial la hora clase cotiza en 483 pesos, en las nóminas reales el pago efectivo a los docentes se reduce a tan solo 80 pesos por hora.

El destino del remanente retenido no figura en ninguna rendición de cuentas pública.
Docentes en activo —quienes solicitan el anonimato por temor a represalias laborales— señalan además que cerca del 50% de la plantilla académica actual está integrada por familiares directos de la rectoría, careciendo en varios casos de maestría o cédula profesional habilitante para la enseñanza superior.
En el plano operativo, los 2.02 millones de pesos autorizados para gastos de funcionamiento contrastan con las sedes donde se imparten las cátedras.
La universidad concluyó su reciente ciclo escolar utilizando los espacios del centro de catecismo de la parroquia San Isidro Labrador, en el casco urbano de El Carrizo, apoyándose de forma complementaria en aulas prestadas por la SEPyC.
Mapeo de irregularidades operativas y patrimoniales
Incertidumbre sobre la propiedad del suelo: Aunque el proyecto original fundamentó la compra de un predio de 20 hectáreas, la extensión real no supera las 2 hectáreas.
El terreno continúa bajo régimen ejidal, sin escrituración a favor de la universidad y desprovisto de servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica.
Desgranamiento de la matrícula: Ante la falta de infraestructura y certeza académica, la confianza de las familias locales se ha desplomado; la institución cerró su último ciclo con un registro de solo 22 alumnos.
Estrategias de captación engañosas: Con el fin de elevar la matrícula, la administración promociona programas de apoyo económico que, al ser solicitados por los estudiantes, son reclasificados únicamente como exenciones del pago de colegiatura.
Estructura de mando: La universidad es dirigida por el rector Inocente Domínguez Calderón y el secretario general Jorge Sánchez. Ambos nombramientos son vinculados directamente a la gestión de Rodrigo López Zavala, subsecretario de Educación Pública en la SEPyC y exdirigente del Sindicato de la UAS.
Hasta el momento, las autoridades del plantel y los funcionarios estatales involucrados no han emitido un desglose público sobre el destino final de los recursos presupuestados que no coinciden con la operación física de la entidad educativa.






Comentarios