El engrane de la discordia: Exhiben pieza vendida ilegalmente mientras extrabajadores preparan denuncias penales

​La develación de un engrane histórico y una placa conmemorativa en el estadio Chevron Park —durante la inauguración de los juegos de los Cañeros de Los Mochis— escaló a un conflicto de carácter legal y de profunda indignación social. Lo que pretendía ser un reconocimiento a la memoria industrial del municipio se ha convertido en el centro de un presunto desvío de patrimonio fabril, destapado por el apoderado legal de los obreros afectados, Luis Puente Pérez.

​Lejos de tratarse de una donación legítima, la pieza metálica exhibida ante autoridades municipales arrastra un historial de opacidad y comercio irregular.

Según trascendió, el engrane fue vendido de manera ilegal en 2019 por el seudolíder sindical Gabriel Lizárraga —quien carecía de facultades legales para disponer de los bienes del extinto Ingenio Azucarero— a un empresario particular. Posteriormente, en 2022, el socio Alejandro "N" lo habría recuperado a través de un conocido para finalmente entregarlo en "donación" al Ayuntamiento de Ahome.

​Ante este escenario, Luis Puente Pérez advirtió que los trabajadores afectados, respaldados por su representación jurídica, presentarán las denuncias correspondientes ante las instancias legales. El objetivo central de estos recursos es exigir que se compruebe de manera fehaciente el origen legal de la pieza exhibida, recordando que la totalidad de los bienes y terrenos del ingenio se encuentran legalmente embargados por el sindicato nacional en favor de la base obrera.

​La controversia desnuda la insensibilidad institucional al aceptar y aplaudir objetos que forman parte de un patrimonio desmantelado, mientras más de 700 trabajadores continúan esperando el pago de sus finiquitos tras más de una década de litigios, hambre y promesas incumplidas. Para los afectados y su defensa, montar una pieza de dudosa procedencia en un recinto público no es un homenaje a la historia, sino una provocación que exhibe la red de complicidades entre líderes sindicales, empresarios y autoridades que han pisoteado los derechos de la clase trabajadora mochitense.