Duro golpe de mesa de Yeraldine Bonilla: Pone fin a una década de cheques en blanco para el patronato del IMCA

LOS MOCHIS, Sin. — El telón no se cae por falta de apoyo a la cultura, se cae por falta de cuentas claras. Durante años, la Impulsora de la Cultura y de las Artes (IMCA) operó bajo una comodidad envidiable: administraba recintos pagados por el erario como si fueran propiedad privada, mientras recibía una subvención anual de más de 20 millones de pesos sin rendir cuentas a nadie. Hoy, ese cheque en blanco del dinero público finalmente se ha detenido.

​La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, confirmó la postura del Ejecutivo: no habrá un solo peso más del pueblo para este patronato particular en tanto no transparenten en qué se gastaron las bolsas millonarias otorgadas desde el sexenio de Mario López Valdez (Malova).

​El negocio redondo: Infraestructura pública, control privado

​El Centro de Innovación y Educación (CIE), el Museo Interactivo Trapiche y el Teatro Ingenio nacieron o fueron remodelados con cientos de millones de pesos del dinero de los contribuyentes. Sin embargo, mediante esquemas de comodato hechos a la medida, su control quedó en manos de un consejo privado que no solo cobraba accesos y rentaba los espacios para banquetes exclusivos, sino que dependía de un "tanque de oxígeno" estatal de entre 20 y 22 millones de pesos anuales para operar.

​"Esas obras se cedieron a un particular con inversión del Gobierno del Estado, y todavía se les seguía dando recurso público que no transparentaban", sentenció la mandataria estatal, marcando un límite a una práctica de opacidad que se arrastró durante administraciones pasadas.

​Rendición de cuentas o fin del subsidio

​El trasfondo es claro: la suspensión de actividades no es una injusticia gubernamental, sino la consecuencia directa de la negativa a someterse a la fiscalización. Mientras el patronato intenta victimizarse posicionando la crisis como "un golpe a la cultura de las familias mochitenses", omite informar el destino de las cuantiosas ganancias generadas por la explotación comercial de los edificios.

​El Gobierno del Estado ya notificó formalmente los requerimientos de información. La pelota está ahora en la cancha del patronato del IMCA: o abren los libros contables y explican el destino de cada centavo público recibido durante más de una década, o asumen que los tiempos en que el erario financiaba sus cotos de poder han llegado a su fin.