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Dictan prisión preventiva a exgobernador Ernesto Ruffo por presunta red de contrabando y 'huachicoleo' fiscal

  • Foto del escritor: MERCURIO
    MERCURIO
  • 19 jul
  • 3 min de lectura

La FGR estima un desfalco fiscal superior a los 4 mil millones de pesos; el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo reclusión en el penal federal del Altiplano.

MÉXICO. — Al término de una prolongada audiencia inicial que se extendió por más de 24 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la mañana de este domingo la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. Al político se le imputan cargos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.


La defensa técnica del exmandatario civil solicitó formalmente el beneficio de la duplicidad del término constitucional. Con esta medida, el Poder Judicial de la Federación otorgó un plazo reglamentario de 144 horas para que el juez de control determine si existen los elementos suficientes para dictar o no el auto de vinculación a proceso. Durante este lapso, Ruffo permanecerá bajo estricta custodia en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido popularmente como "El Altiplano", ubicado en el Estado de México.


La ruta del desfalco y los cruces fronterizos

El expediente penal formalizado por los ministerios públicos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señala que el imputado formaba parte medular de una estructura dedicada a la introducción ilegal y comercio de combustible robado. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, detalló que la red criminal ingresó al país un estimado de 15 millones 299 mil litros de carburante sin realizar las declaraciones fiscales correspondientes ante las autoridades aduaneras.


Esta evasión masiva generó una afectación directa detectada en la Hacienda Pública que supera los 4 mil millones de pesos.


Las pesquisas financieras y operativas que sustentan la acusación se derivan de una exhaustiva investigación coordinada junto a la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). Entre los meses de enero y julio de 2025, el grupo delictivo habría completado un total de mil 238 operaciones de importación irregular. De acuerdo con las bitácoras ministeriales, el rastreo de los cargamentos apunta a una estrategia concentrada en cuatro puntos aduaneros estratégicos del estado de Tamaulipas:

  • Nuevo Laredo

  • Ciudad Camargo

  • Matamoros

  • Reynosa


Por otro lado, los flujos monetarios vinculados a estas transacciones ilícitas reflejan operaciones bancarias por un monto de 3 mil 075 millones de pesos dispersados en 980 cuentas corrientes. Asimismo, la FGR reportó transacciones en el mercado de divisas que superan los mil 386 millones de dólares.


Situación jurídica de los coacusados

El proceso penal en curso no se limita al exgobernador. La representación social de la Federación formuló cargos simultáneos en contra de otras siete personas identificadas como copartícipes del esquema financiero y operativo. Tras la valoración del juzgador en la misma audiencia dominical, la distribución de los implicados quedó establecida de la siguiente forma:


  • Penal del Altiplano: Ricardo ‘N’, José ‘N’, Juan ‘N’ y Luis ‘N’ deberán cumplir la misma medida de confinamiento preventivo que el exgobernador.

  • CERESO Nezahualcóyotl Sur: La imputada Adriana ‘N’ fue trasladada a este penal estatal mexiquense bajo el mismo régimen cautelar.

  • Resguardo Domiciliario: Debido a condiciones de salud documentadas y validadas por peritos médicos, los imputados José María ‘N’ y Guillermo ‘N’ recibieron autorización para cumplir la reclusión temporal en sus respectivas viviendas.


Las agencias ministeriales presentaron una batería probatoria compuesta por más de cien elementos materiales y documentales para sustentar el caso en esta etapa preliminar. La autoridad judicial recordó que, en apego a los principios institucionales del debido proceso, todos los implicados conservan su estatus de imputados y se presumen inocentes hasta que un tribunal federal dicte una sentencia definitiva en un juicio oral.


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