Crisis sanitaria en el Penal de Angostura: Reclusas denuncian dos meses sin agua y negligencia política

Una denuncia anónima expone las condiciones de "infierno" dentro del centro penitenciario, acusando al director Ramón Anguiano Tajis de cortar el suministro municipal tras despedir al personal administrativo y desviar el agua de pipas para su uso exclusivo.

La vulnerabilidad dentro del Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura, ha alcanzado niveles críticos. A las carencias propias del internamiento se ha sumado una crisis de servicios básicos que amenaza la salud y la dignidad de la población recluida.

A través de un testimonio anónimo, una de las internas alzó la voz para visibilizar las condiciones insalubres en las que subsisten desde hace sesenta días, señalando directamente a la gestión del director del penal, Ramón Anguiano Tajis, como el principal responsable de una aparente represalia burocrática que ha dejado los grifos completamente secos.

Un penal en sequía por conflictos administrativos

El origen del desabasto, de acuerdo con la denuncia, no responde a una sequía natural o a una falla técnica fortuita, sino a las consecuencias de decisiones administrativas tomadas por la actual dirección. Al romper lazos operativos con el gobierno local, el flujo del recurso hacia el complejo penitenciario se interrumpió de manera radical, dejando desamparadas a las personas privadas de su libertad.

"Lo que pasa que tenemos más de 2 meses batallando sin agua y el director no quiere hacer nada, solamente manda traer pipas de agua para el uso de el. A su personal lo tiene limitado de adquirir agua y no quiere hacer el reporte al ayuntamiento de angostura por que despidió a todo el personal administrativo que pertenecía al ayuntamiento y es de donde se surte el agua al penal.. ahí esta que la población estamos siendo afectados ni siquiera ahí agua para los baños", manifiesta la denunciante con desesperación.

La falta de líquido ha paralizado las actividades más elementales de aseo personal y mantenimiento de las celdas, generando un foco de infección latente dentro de las instalaciones del penal.

Simulaciones ante las supervisiones oficiales

La gravedad del testimonio también revela presuntas dinámicas de simulación y encubrimiento implementadas por los mandos del centro penitenciario cuando se presentan inspecciones de instancias superiores. Según relata la interna, el acceso al agua se convierte en un recurso temporal de relaciones públicas para ocultar las deficiencias de la administración local ante los ojos del Estado.

"Tuvimos la visita de un mando de supervisión y fue el único día que nos dio agua de las pipas después de 2 meses sin agua pero se fue el alto mando y el penal siguió en sequía", afirma la reclusa, evidenciando el contraste entre la realidad cotidiana y la fachada institucional expuesta a los supervisores.

Esta situación demuestra que, aunque el penal cuenta con los mecanismos logísticos para abastecerse mediante camiones cisterna, la distribución del agua se administra bajo criterios selectivos y de conveniencia de la dirección, postergando la atención a las necesidades básicas de la comunidad carcelaria una vez que las autoridades fiscalizadoras se retiran del lugar.

Abandoo institucional y omisión de derechos humanos

El descontento y la urgencia dentro del penal no se limitan únicamente a la crisis hídrica. La denunciante describe un panorama de precariedad generalizada y un presunto bloqueo a los canales de auxilio y queja formales, señalando de manera directa el nombre del titular del recinto, Ramón Anguiano Tajis, como la figura central de esta gestión de puertas cerradas.

Hasta el momento, los llamados de auxilio dirigidos a los organismos de protección de derechos humanos y a las comisiones de asuntos internos no han derivado en inspecciones efectivas ni en sanciones concretas. Mientras tanto, la población del Centro Penitenciario Región del Évora continúa enfrentando el impacto de la falta de servicios de salud y de agua potable, un escenario que violenta las normas mínimas internacionales para el tratamiento de los reclusos.