Cae nueva denuncia por $1M en red de estafas de Los Mochis; destapan compras de lujo y socia principal
El entramado fraudulento que opera desde Sinaloa hacia varios estados del país suma nuevos elementos a la carpeta de investigación. Una víctima reciente dio un paso al frente para denunciar formalmente la pérdida de 1 millón de pesos tras casi un año de haber entregado su capital a Jorge Alberto “S”, quien tras evadir responsabilidades dejó de responder las llamadas y cortar todo contacto con el afectado.
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Red familiar y movimientos sospechosos
La nueva acusación saca a la luz datos clave sobre la estructura legal y financiera de la organización de Ventura Capital:
Inclusión en el acta constitutiva: Documentos oficiales señalan a María Teresa de Jesús “T”, esposa de Jorge Alberto “S”, como la socia principal en el acta constitutiva de la empresa utilizadora del esquema.
Manejo de fondos: Se consolida el señalamiento directo hacia Katia “N” como la encargada de ejecutar las operaciones financieras, transferencias y el resguardo del dinero de los inversionistas.
Desembolsos de lujo previo al colapso: Apenas un mes antes de que la firma se declarara en quiebra y congelara los pagos, Jorge Alberto “S” adquirió una camioneta de lujo con un valor superior a 1.5 millones de pesos.
Ante el silencio de los señalados, el afectado hizo un llamado abierto a los más de 500 damnificados en todo el país para no quedarse de brazos cruzados e interponer denuncias penales en contra del matrimonio y de Katia “N” por su negativa a dar la cara y restituir el patrimonio retenido.
Claves para no caer en un Esquema Ponzi
Autoridades como la CNBV y la CONDUSEF reiteran las principales alertas para detectar engaños financieros:
Rendimientos irrealizables: Ganancias fijas altas (5% al 10% mensual) no existen en mercados legales regulados.
Exigencia de reclutamiento: Si la ganancia depende de ingresar familiares o amigos, el flujo proviene de nuevos aportantes y no de una actividad productiva.
Sin registro en SIPRES: Si la entidad no figura en el catálogo de la CONDUSEF, no cuenta con autorización para captar recursos del público.
Contratos disfrazados: El uso de figuras como "membresías educativas" o "asociación en participación" busca evadir las leyes bancarias vigentes.
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