Cae el imperio de la cultura privada con dinero público: El fin de un negocio de más de 900 millones de pesos en Ahome

La noche de este lunes 10 de agosto se marcó un punto de inflexión en la gestión del patrimonio público en Sinaloa. El Consejo de Impulsora de la Cultura y de las Artes (IMCA IAP) anunció el cierre de operaciones de tres recintos emblemáticos en Los Mochis: el Centro de Innovación y Educación (CIE), el Teatro Ingenio y el Trapiche Museo Interactivo. La noticia liquida un modelo en el que recintos construidos y mantenidos con recursos del erario terminaron funcionando como negocios privados sin rendición de cuentas.

Infraestructura millonaria a costa del erario

Los tres recintos representan una inversión pública colosal cedida en comodato durante el sexenio del exgobernador Mario López Valdez, "Malova":

• Teatro Ingenio: Proyectado inicialmente en cerca de 300 millones de pesos, su costo final se disparó hasta alcanzar aproximadamente los 595 millones de pesos del erario público.

• Trapiche Museo Interactivo: Su edificación implicó un desembolso estatal superior a los 348 millones de pesos.

• CIE: Aunque no requirió construcción desde cero, su remodelación inicial y posteriores ampliaciones costaron millones al erario (incluyendo remodelaciones registradas por 7 millones de pesos en ampliación y 9.5 millones para su auditorio).

El origen de esta concesión se remonta al último día de la administración municipal de Arturo Duarte en Ahome, quien, bajo la directriz política de López Valdez, entregó formalmente el Teatro Ingenio a IMCA IAP. Desde 2016, el Gobierno del Estado sumó a esta entrega un subsidio directo de 22 millones de pesos anuales.

La presidenta del patronato de IMCA IAP es María del Pilar Artola Sada (Pilar Artola de Salido), socia y accionista del periódico El Debate. Diversas voces señalan que la cercanía política con la administración de López Valdez facilitó la entrega de estos recintos públicos para su explotación bajo una figura privada.

Prioridades distorsionadas y administración cuestionada

El destino de estos casi 600 millones de pesos genera un amargo contraste entre la ciudadanía. Tan solo el costo aproximado de cada una de las mil butacas del Teatro Ingenio —que supera los 500,000 pesos por asiento— contrasta con las carencias en infraestructura básica de Los Mochis. Dichos recursos habrían tenido un impacto de fondo si se hubieran destinado a solucionar los problemas históricos del drenaje pluvial en sectores críticos como:

• Bulevar Rosales (de Independencia a Obregón)

• Avenida Leyva (de Hidalgo a Castro)

• El sector del mercadito

• Calle Belisario (de Centenario a Comonfort)

A diferencia de otros recintos emblemáticos como el Teatro Pablo de Villavicencio en Culiacán —construido en 1978 e históricamente administrado por el gobierno estatal—, los inmuebles de Los Mochis debieron permanecer desde un inicio bajo la tutela del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) y no de un ente particular.

El modelo de una Institución de Asistencia Privada (IAP) tradicional dista mucho del esquema aplicado aquí. Ejemplos de filantropía local, como la labor de Edmundo Yeomans para la Asociación Alzheimer de Los Mochis —donde el municipio aportó el terreno y la edificación se financió mediante donativos privados y recursos propios—, contrastan con una IAP que recibió recintos terminados con dinero público y, además, exigía subsidio estatal continuo.

Opacidad, cobros y el esquema del SAT

A pesar de operar con dinero del pueblo, IMCA IAP mantuvo cobros constantes:

• Teatro Ingenio: Renta mínima por evento cercana a los 60,000 pesos.

• Museo Trapiche: Tarifas de entrada general de 75 pesos para adultos y 50 pesos para menores de 12 años.

• Voluntariado: Reportes sobre el uso de adolescentes menores de edad que ingresaban como "prestadores de servicio", asumiendo responsabilidades laborales sin remuneración económica.

A esto se suma el beneficio fiscal de las IAP como donatarias autorizadas por el SAT. Un caso común ocurre cuando una institución educativa contrata a un padrino de generación para cubrir el alquiler del Teatro Ingenio; el pago realizado a IMCA IAP le permite al patrocinador obtener un recibo deducible de impuestos para su empresa, generando un flujo constante de donativos privados sin la debida transparencia sobre sus ingresos totales.

Al respecto, la gobernadora Yeraldine Bonilla señaló que el patronato no transparentaba los recursos otorgados por el estado, impidiendo conocer con claridad el destino del dinero público tras casi dos décadas de operación.

El debate sobre la oferta cultural y el sentir social

El cierre de estos espacios deja al descubierto una frase recurrente en la discusión ciudadana: "las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan".

A la par del debate financiero, la oferta cultural presentada en estos recintos también generó críticas. Sectores de la población cuestionaron que, a pesar de la inversión invertida, nunca se programaron espectáculos internacionales de gran formato —como grandes producciones teatrales o conciertos de música clásica de nivel mundial—, limitando la agenda a eventos locales o exposiciones de menor escala, como convenciones de anime.

El retiro del subsidio estatal y la exigencia de rendición de cuentas terminaron por desmantelar un esquema insostenible. La cultura y los recintos públicos de Los Mochis enfrentan ahora el reto de redefinir su administración bajo principios claros de transparencia, servicio a la comunidad y verdadero interés público.