"Aquí mandamos nosotros": Frenan mina de oro canadiense en Sinaloa ante abusos, pagos injustos y la sombra militar
San José de Gracia, Sinaloa — En los límites entre Sinaloa y Chihuahua, donde las entrañas de la tierra guardan oro, zinc y cobre, el rugir de la maquinaria minera se ha topado con un muro de dignidad comunitaria. Cansados de promesas rotas, contratos ignorados y un trato que consideran un agravio a su historia, trabajadores, ejidatarios y pobladores de San José de Gracia decidieron frenar la operación de las minas San Pablo y Tres Amigos, operadas por la firma canadiense Dynaresource.
El conflicto destapa una olla a presión donde convergen la precarización laboral, la disputa por la tierra, denuncias ambientales y una creciente tensión por la intervención de las Fuerzas Armadas en favor de intereses corporativos.
Un Pueblo Minero Desplazado en su Propia Tierra
La historia de San José de Gracia es inseparable de la minería; por generaciones, las familias del lugar han encontrado en los túneles y tajos su sustento. Sin embargo, este lazo comunitario comenzó a romperse hace medio año, con la llegada de una nueva administración.
Los datos hablan por sí solos: la contratación de mano de obra local se desplomó del 80 por ciento histórico a menos del 70 por ciento, marginando a los habitantes originarios. A esto se suma una profunda brecha salarial:
El sueldo local: Los trabajadores de la comunidad perciben alrededor de 4,000 pesos quincenales, sin reparto de utilidades.
Los privilegios foráneos: Empleados externos ganan hasta tres veces más, complementado con viáticos, hospedaje y alimentación pagados.
"Aquí tenemos que mandar nosotros, ¿cómo va a mandar un extranjero? Somos 300 ejidatarios y que venga a mandarnos, pues no va. Es canadiense y no cumplen con nada", reclama con firmeza uno de los propietarios de las tierras. Los ejidatarios señalan que la renta que reciben actualmente —unos 23,000 pesos— es completamente injusta frente a las ganancias de la empresa, exigiendo un ajuste a 100,000 pesos conforme a las demandas del contrato firmado en 2014.
Claroscuros Ambientales y el Agua Bajo Suspicacia
El descontento también ha encendido las alarmas ecológicas. Mujeres de la comunidad denunciaron que la nueva administración dejó de abastecerles agua potable procesada desde una planta interna de la mina, un apoyo histórico que se cortó abruptamente.
Más grave aún es la sospecha sobre el cauce local: las pobladoras acusan que la empresa podría estar vertiendo aguas residuales o materiales tóxicos a un arroyo del que dependen los habitantes para sus labores domésticas y consumo. Aunque el señalamiento requiere inspecciones oficiales y análisis independientes, la falta de transparencia de la gerencia ha avivado la desconfianza.
Gambusinos y el Ejército: ¿Orden Empresarial o Soberanía Nacional?
La tensión escaló a terrenos insólitos al involucrar a los gambusinos, los habitantes que históricamente han recolectado de manera independiente minerales de la rezaga.
Recientemente, elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las zonas de recolección para prohibirles la actividad, argumentando que obedecían instrucciones directas de la empresa. La intervención castrense para proteger los intereses de una corporación extranjera y frenar la economía de subsistencia local ha provocado una profunda indignación social en la región.
"No queremos el cierre, exigimos legalidad"
A pesar de la magnitud de las protestas, el mensaje de la comunidad es claro y moderado: no buscan el cierre de las minas, sino que operen bajo la ley.
Trabajadores y ejidatarios exigen una revisión exhaustiva por parte de las autoridades federales sobre los permisos de explosivos, concesiones de aguas nacionales, auditorías ambientales y el estatus legal de las operaciones que acarrean antecedentes de bloqueos desde 2017.
San José de Gracia alza la voz para recordar que la riqueza mineral de su suelo debe traducirse en desarrollo y justicia social, no en desigualdad, despojos ni subordinación extranjera.
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