No pidió la ONU cancelar la planta de fertilizantes

Señalamientos de opositores no constituyen hallazgos de la ONU.

La ONU no ha emitido alerta, recomendación, condena ni solicitud de cancelación alguna respecto del proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Así se desprende de la respuesta oficial del Gobierno de México, remitida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por conducto de la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra.

En relación con la información difundida en algunos medios de comunicación respecto a una supuesta alerta emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), ubicada en Topolobampo, Sinaloa, las aclaraciones enviadas por el gobierno de México al Alto Comisionado, plantea precisiones con base en documentos oficiales y en el marco jurídico que regula la actuación de los Relatores Especiales.

En dicha respuesta se establece que los Relatores Especiales no formularon conclusiones propias ni realizaron juicios de valor sobre el proyecto.

Su actuación se limitó a un procedimiento institucional ordinario del sistema ONU, consistente en la solicitud de información a los Estados, sin prejuzgar ni validar denuncias formuladas por terceros.

Este procedimiento se formalizó mediante la comunicación conjunta AL MEX 09/2025, fechada el 19 de septiembre de 2025, la cual tuvo como único objetivo recabar información oficial por parte de los Estados involucrados.

El propio gobierno de México reconoce que los señalamientos incluidos en dicha comunicación provienen directamente de denuncias presentadas por integrantes del Colectivo Aquí No y otros opositores al proyecto, quienes expusieron sus afirmaciones en reuniones comunitarias y encuentros con observadores del sistema ONU en México, en comunidades cercanas a Topolobampo.

Estos señalamientos no constituyen hallazgos de la ONU, ni conclusiones técnicas de los relatores, sino afirmaciones de terceros que fueron trasladadas para su aclaración, conforme a los procedimientos ordinarios del sistema de Naciones Unidas.

Pese a ello, diversas publicaciones presentaron estas denuncias como si se tratara de alertas emitidas por la ONU, lo que generó una interpretación incorrecta del alcance real de la actuación de los relatores.

Respuesta oficial del Estado mexicano

El Gobierno de México respondió de manera puntual y documentada a cada uno de los señalamientos, acreditando que el proyecto cumple con la legislación ambiental vigente, que fue evaluado por la SEMARNAT, que se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada al Pueblo Mayo-Yoreme, y que los recursos legales promovidos fueron debidamente atendidos.

Asimismo, se informó que el proyecto cuenta con autorización ambiental condicionada vigente, bajo supervisión permanente de PROFEPA, y que se han implementado medidas de prevención, mitigación y monitoreo ambiental.

De esta manera el gobierno mexicano confirmó la legalidad y viabilidad del proyecto y otorgó los permisos correspondientes para su construcción y operación.

Las comunicaciones oficiales y las respuestas de los gobiernos y actores involucrados pueden consultarse en: https://goo.su/2lBEzt.