Maestro en Historia por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
La militarización en las sociedades es un recurso muy útil para sobreponerse a circunstancias históricas especiales, en las que la integridad de un actor político, sobre todo de una nación o un gobierno determinado, se encuentra en riesgo. Pero en general, cuando se trata de un Estado nacional el concepto refiere, entre otras cosas, tres actividades concretas: la de multiplicar, la de profesionalizar y la de distribuir estratégicamente a los efectivos de las fuerzas armadas de un país, así como a sus dispositivos militares, para hacer valer la voluntad del gobierno en un escenario problemático.
La experiencia histórica ilustra que, en realidad, esas tres acciones pueden desplegarse de formas distintas. Si se piensa, por ejemplo, en los primeros ejércitos nacionales, como los de la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón, es evidente que los elementos de la militarización abarcaban a toda la sociedad, o por lo menos a todos los franceses que estuvieran en capacidad de empuñar un arma e instruirse para derrotar a las fuerzas de las monarquías del Antiguo Régimen. También pueden desplegarse de maneras más estrechas, por ejemplo, como militarización para refuerzo de organismos armados domésticos, que operan para garantizar la continuación del statu quo en un territorio o país mediante la neutralización de agentes internos que atentan contra la paz social. En esta canasta entran prácticamente todos los gobiernos en guerra civil, como los gobernantes títeres de Inglaterra, Francia y Estados Unidos que existían en Asia y África durante las revoluciones de liberación nacional del siglo XX; así como el caso del gobierno colombiano que, bajo la retórica del combate a un crimen organizado terrorista, robusteció sus elementos militares y permitió la intervención de las fuerzas norteamericanas en su territorio.
Ahora bien, a pesar de que va contra lo que marca la Constitución desde 2019, la militarización de la Guardia Nacional que está imponiendo el presidente López Obrador parece un paso positivo en favor del combate al crimen organizado. Frente al grave problema de seguridad que atraviesa el país, la conversión de la Guardia, compuesta por personal policiaco no militar, y regida por “instituciones jurídicas y autoridades civiles”, en un organismo de naturaleza militar, cubierto por la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Juan Manuel Otero Varela, El Financiero 11-08-22), antoja pensar que la ilegalidad cometida por la presidencia es justa y necesaria.
Sin embargo, como bien señala Otero Varela, es evidente que desde hace muchos años “algo en las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública no está funcionando”. Hoy, esa disfuncionalidad es más grave aún. Así, tanto la política de nula intervención contra el crimen organizado que ha seguido el Estado mexicano desde 2019, como las elevadas cifras de las matazones que ocurren bajo el gobierno de Morena (el INEGI reportó recientemente que en 2021 hubo una cifra de 35,625 homicidios, un número similar al de 2020), pueden hacer pensar que la militarización de la Guardia Nacional no será precisamente un recurso para detener problemas como el narcotráfico.
¿Para qué se está militarizando, entonces, un organismo de carácter civil como la Guardia Nacional? Y, si la administración de López Obrador no está dispuesta a cambiar su política de “abrazos, no balazos”, ¿cuál es la razón de que se atreva a violar la Constitución, subordinando aquel organismo al Ejército? Si el análisis parte del propósito general que tiene un proceso de militarización cualquiera, queda claro que el engrosamiento de las fuerzas armadas en nuestro país gracias a la integración de la Guardia Nacional al Ejército –acompañado, claramente, de una mayor porción de presupuesto para el Ejército nacional– servirá para imponer la voluntad del gobierno mexicano. El asunto es sobre quién se quiere imponer esa voluntad. Si no es, como se constata, contra el crimen organizado, que crea un verdadero caos interno (véase Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, etc.), ¿no será que las armas se concentran para neutralizar a los opositores de las arbitrariedades de Morena?