- La familia de doña María Engracia López, acusó a la empresa B Hermanos de haberlos dejado sin vivienda, al acusarlos de fraude procesal, por una deuda que pasó de 30 mil a 700 mil pesos, de 2019 a la fecha, y en donde ella solamente firmó de aval para un préstamo que solicitó su hija
Los Mochis, Sin.- La señora afectada, propietaria de la vivienda ubicada por la calle Cedros, en la colonia Romanillo o Álamos, aseguró que en el juicio hubo irregularidades, porque se alteraron documentos y se falsificaron firmas.
Detalló que esta situación se derivó de una deuda que adquirió su hija Sonia Judith por casi 30 mil pesos a través de vales, donde ella quedó solo como aval, sin haber firmado nunca ningún documento.
“A mi hija fue a la que le dieron los vales, pero me demandaron a mí, nunca a mi hija, porque sabían que ella no tenía ninguna propiedad por el valor de la deuda que no son más de 30 mil pesos”, aseguró en entrevista.
Sin embargo, dijo que en el pagaré aparece la cantidad de 700 mil pesos, cantidad que nunca recibieron y que es imposible que B Hermanos otorgue esa suma a clientes que reciben su primer crédito. “La cantidad más alta que dan es de 100 mil pesos y a clientes que ya tienen muchos años con ellos”, destacó.
Por eso, considera que en su caso se cometió un “fraude procesal” ya que se alteró el monto de la deuda y se falsificó su firma. “El licenciado Calvin Gutiérrez fue el responsable de hacer eso durante el juicio en mi contra”, acusó.
Pero además, señaló que el juez debió haber verificado como se hizo la operación, porque tanto dinero, como se hizo el depósito, etcétera, pero no lo hizo.
Lamentablemente, dijo, era imposible pagar una deuda tan exorbitante y la empresa y sus abogados iniciaron un juicio civil, poniendo su casa como garantía, pese a que nunca firmó nada.
María Engracia reconoció que no acudió a los citatorios que le enviaron durante el juicio mercantil porque se encontraba cuidando a un hijo con cáncer hepático que estaba en el hospital y que tiempo después falleció.
“No pude asistir a las audiencias porque estaba cuidando a un hijo que le quedaba poco tiempo de vida. Lo poco que ganaba se iba en medicinas, suero y pañales que me pedían en el hospital”, detalló.
Cuestionada acerca si no hubo alguna opción de negociación con la empresa, dijo que fue imposible llegar a un arreglo porque siempre le exigieron sumas impagables para una empleada que gana 1,300 semanales. “Primero me pedían 100 mil, luego 300 mil y ya después el pago total de los 700 mil”, puntualizó.
María Engracia García aseguró que ahora se están quedando en casas ajenas o incluso en la calle, porque no tienen donde vivir. Su familia está integrada por 3 adultos y seis niños.
Cabe aclarar que este caso se desarrolló en el Juzgado Segundo del Ramo Civil de Los Mochis bajo el expediente 355/2019-3, donde aparece la empresa Batta Hermanos S.A. como parte acusadora.
El 10 de agosto de 2022 el juez Luis Manuel Medina solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome mediante oficio, el apoyo para que el actuario de dicho juzgado procediera al desalojo de la vivienda.
