- Por Pável Calderón Sosa
- Dirigente estatal de Antorcha en #Sinaloa
El 13 de diciembre pasado, mientras se llevaba a cabo la discusión sobre la asignación del presupuesto del año 2023 en el Congreso del estado de Sinaloa, medio millar de antorchistas nos manifestamos para pedir que fueran etiquetados recursos para la atención a necesidades de miles de sinaloenses que durante varios años habían sido ignoradas por parte de las autoridades estatales, o que han sido atendidas en muy escasa medida. Financiamiento para la adquisición de solares para quienes no tienen una casa propia o donación de terrenos para familias víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI), drenajes pluviales y sanitarios, introducción o sustitución de redes de agua potable, construcción de aulas para escuelas, entre otras, fueron las peticiones que se entregaron en manos del diputado presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
Aquella jornada de lucha terminó con el compromiso de parte del diputado Ibarra Ramos de que presentaría nuestras peticiones y se tomarían en cuenta en la reasignación de presupuesto; que se celebraría una reunión pocos días después para revisar los avances de las gestiones y que habría resultados tangibles. Pero las cosas no fueron como se dijo es día: ni la reunión prometida se realizó ni los resultados se vieron nunca. La asignación presupuestal que el gobernador había mandado a finales de noviembre en calidad de propuesta a los diputados locales apenas fue tocada.
Pero los problemas que planteamos aquel día ahí siguen, golpeando la vida de los trabajadores sinaloenses, y las dependencias encargadas de atenderlas recibieron ingentes recursos para ser usados el presente año; por lo tanto, hayan sido etiquetados o no los recursos para atender las demandas específicas que planteamos al Congreso del Estado aquel día, hay que pelear en las calles que se atiendan en el 2023.
Como ejemplo de la gravedad de los asuntos pendientes de atender, veamos el desplazamiento forzado que reporta gatopardo.com: “El combate contra las drogas fue el hito que marcó el desplazamiento forzado interno en México, en gran medida a partir de 2008, dice Sibely Cañedo Cázarez, periodista y doctora en Ciencias Sociales por la UAS, en el artículo “Indefensión jurídica y social de los desplazados por violencia: un análisis de la legislación en México”. A nivel nacional, en trece años, de 2006 a 2019, al menos 346 945 personas han sido desplazadas por la violencia, una aproximación a partir del monitoreo de desplazamiento publicado por los medios de comunicación.
En realidad no existe un diagnóstico oficial que permita dimensionarlo en su totalidad. Por ejemplo, el “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó 37 062 víctimas entre 2013 y 2015, a partir de registros estatales y municipales; destaca Sinaloa, con 4 554 víctimas identificadas, más otras dieciséis mil personas indígenas desplazadas, también de este estado, atendidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La CNDH, organizaciones sociales y académicos consideran estos datos apenas una “muestra de la magnitud de la problemática”.
O sea que, atendiendo los datos que cita la doctora Cañedo serían al menos 20,554 víctimas de desplazamiento forzado en años recientes en el estado de Sinaloa. Por su parte las autoridades locales tienen otros datos: “De acuerdo con información generada por el Congreso del Estado tras la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, reconoció 3 mil 46 familias desplazadas, asentadas en seis municipios” (noroeste.com). En la misma nota se añade que están por asignarse 1140 lotes más a familias afectadas, a decir de la Secretaria de Bienestar, María Inés Pérez Corral. Como se ve, el problema está lejos de atenderse mínimamente, y si le añadimos que el DFI sigue presentándose, la necesidad va a crecer.
Es claro que la solución de raíz al problema del DFI está en el cambio social que entre sus logros socioeconómicos erradique la producción y el consumo de drogas; para esto, aún falta mucho, pero hay que seguir pugnando por esta lucha que no forma parte del programa de quienes hoy nos gobiernan. Por lo pronto pidamos que el efecto terrible del despojo masivo de territorios que deja en la calle a gente inocente sea atemperado mediante una asignación más rápida de vivienda para los afectados.
Junto con los desplazados por la violencia, también hay cientos de miles de sinaloenses desplazados del derecho a tener una casa, aquellos que no tienen vivienda propia y pagan renta o viven hacinados, por lo que urge formar un frente común para reclamar solución oficial. Estos y muchos otros aspectos de la vida de los sinaloenses siguen desatendidos desde tiempo atrás y así seguirán si no nos unimos, levantamos la voz y salimos a las calles a demandar soluciones reales, más allá de la demagogia de todos los días.